La tarde del 16 de mayo las oficinas del Ministerio Público sufrieron un fuerte remezón. A eso de las 17 horas de ese día, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió el fallo con que declararon ilegales las escuchas realizadas a Josefina Hunneus en el marco de la indagación del caso ProCultura, en ese entonces en manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

La resolución –que luego fue confirmada por la Suprema– no solo echó por tierra la diligencia intrusiva que había afectado a la exesposa del fundador de la ONG, Alberto Larraín, sino que también implicó duros reproches al actuar de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones , lo que terminó dinamitando la permanencia de Cooper a la cabeza de la indagatoria.

Es que en cuestión de horas el fiscal nacional, Ángel Valencia, acusó el golpe y reasignó la indagatoria al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Y a pesar de que la medida se justificó haciendo presente que era lo mejor para el futuro de la indagatoria, no pocos salieron a cuestionarla. De hecho, a 42 días de ello son varias las voces que sostienen que la causa se paralizó por completo. Otros afirman en privado que simplemente “se le echó tierra para dejarla morir”.

Sin ir más lejos, la otrora representante legal de ProCultura, Constanza Gómez, arremetió en tribunales con miras a acelerar una formalización. En concreto, como publicó La Tercera, sus abogados, Alejandro Alegría y Sebastián Soto, presentaron una cautela de garantías a fin de que se le informe por qué se le investiga, y se fijó para el 21 de julio.

Pese a ello, quienes conocen de los pasos que ha dado el titular del Ministerio Público en Antofagasta son claros en transmitir que, por mucho que el fiscal Cooper hubiese estado en tierra derecha para avanzar en las formalizaciones –como este medio publicó en su momento–, él no iba a seguir “una minuta” que se le dejara para eventualmente imputar cargos.

Lo anterior, no porque se desconfiara del trabajo realizado por el equipo de La Serena, sino porque quienes conocen a Castro Bekios insisten en que él pretende revisar cada detalle de la causa antes de actuar. Busca formarse su propia teoría del caso, a pesar de que el fiscal Valencia le hubiese indicado que no podía tardar más de dos meses en concretar medidas.

De todas maneras, ya se fijaron prioridades y se estableció que dos de las aristas son las prioritarias en este momento.

100 mil fojas

Si bien el oficio que selló el traslado de la indagatoria a otra Fiscalía Regional se emitió el 16 de mayo, la totalidad de los antecedentes del caso ProCultura llegaron a Antofagasta la semana del 9 de junio.

Y es que luego de que la Corte Suprema confirmara la resolución de la Corte de Apelaciones por el amparo de Josefina Hunneus, Castro Bekios se reunió con Cooper en La Serena y recién ahí se entregó toda la documentación física de la causa, las pruebas y los más de 400 dispositivos electrónicos incautados, entre computadores, teléfonos, tablets y otros.

En rotular toda esa evidencia, verificar procedencias y que la cadena de custodia no fuera alterada, el equipo de Antofagasta tardó ocho días, por lo que cuando todo eso fue validado se trasladaron los elementos en un camión 3/4 que ejecutó “el flete” con custodia de Carabineros. O sea, recién hace dos semanas que tienen toda la información.

Por lo mismo, fuentes consultadas por este medio descartan que se esté retrasando de manera artificial una eventual formalización, insistiendo en que aún no se han revisado con detalle las más de 100 mil fojas que acumula la indagatoria.

Con lo que han revisado, comentan los mismos personeros, el equipo liderado por Castro Bekios considera que no habría estándar suficiente para solicitar audiencias de formalización y requerir cautelares, por lo que siguen –más allá de las presiones– analizando los documentos y “armando el caso”. Por lo demás, recalcan, sí se han dictado nuevas instrucciones a la Brigada Anticorrupción de la PDI. Nada se ha paralizado, subrayan.

Un factor que también incidiría –aseguran intervinientes en el proceso– es que el Consejo de Defensa del Estado aún no amplía querella en este caso, lo que también sería crucial para el Ministerio Público.

Eso sí, la interposición de la acción por parte del organismo liderado por Raúl Letelier sería inminente, pues hace varios días se culminó con la redacción de la querella y ahora estaría siendo objeto de revisiones. Una vez que eso culmine, será analizada por el Comité Penal, y luego por el Consejo pleno.

Por lo mismo, comentan fuentes del Ministerio Público, el equipo liderado por el fiscal regional está promoviendo una reunión con dicha entidad a fin de coordinar algunas acciones.

Dos aristas con “urgencia”

En el marco de las determinaciones que ha tomado Juan Castro Bekios tras recibir la indagatoria, se estableció la creación de un equipo especial para el análisis de los antecedentes. Este está integrado, además del persecutor regional, por otros dos fiscales y por cuatro funcionarios de la Fiscalía de Antofagasta que tienen dedicación exclusiva.

Y si bien la causa es una, los profesionales trabajan de manera paralela sobre una subdivisión de 10 aristas.

Entre ellas, la prioridad la tienen dos. La referente a las acciones instruidas por la cúpula de ProCultura, y la que asomó como el caso cero de esta hebra del caso Convenios: la relacionada con el convenio entre la fundación y el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas.

En ambas se trabaja con mayor celeridad y es donde justamente se podrían ver acciones más concretas en las próximas semanas.

Suspicacias

Más allá de las explicaciones, distintos intervinientes no ocultan sus sospechas respecto del “retraso” que estaría enfrentando la indagatoria. Sobre todo, insisten, porque esta se inició hace más de dos años, tres fiscales regionales la han conducido y solo siguen surgiendo “irregularidades” en torno a los eventuales implicados.

No pocas veces hay voces que en redes sociales lanzan suspicacias: “sacaron a Cooper y nunca más se supo del caso”. Lo que es refutado internamente en el Ministerio Público con fuentes que piden “paciencia”.

Por su parte, hay querellantes que advierten que cierta demora podría tener relación con la cercanía que existe respecto de las primarias de este domingo 29, por lo que temen que esto se dilate aún más en atención a las presidenciales.

En ese sentido, las mismas fuentes deslizan que aquello tendría directa relación con intentos para no dañar a figuras oficialistas.

Con todo, el abogado que representa a los parlamentarios UDI que se querellaron en esta causa, Pablo Toloza, desdramatiza. Según menciona, es lógico que las cosas se hayan “retrasado”, aunque insiste en que hay confianza en el trabajo que está llevando adelante Castro Bekios.

“Es evidente que el cambio de fiscal retrasó el proceso, toda vez que el fiscal ha tenido que analizar la carpeta en su conjunto y eso ha hecho que, obviamente, las medida que se pudieron haber adoptado, o las decisiones que se habían adoptado por parte de Cooper, se retrasen. Se trata de una investigación bastante extensa, miles de fojas, pero nosotros confiamos en el trabajo del fiscal Castro Bekios y, por tanto, estamos a la espera y, ojalá pronto, el fiscal Castro tome decisiones respecto a esta causa”, mencionó.

Y agregó: “Creemos que existen antecedentes suficientes para formalizar a ciertas personas que se encuentran involucradas y estamos a la espera de que este análisis y estudio pueda terminar a la brevedad”.