“No se puede pedir más eficacia ante el crimen organizado en la mañana, y votar contra el levantamiento al secreto bancario en la tarde”.

De esta forma el Presidente Gabriel Boric –en su última cuenta pública a la nación– emplazó al Congreso a aprobar el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, cuyo objetivo es “perseguir la ruta del dinero del crimen organizado”. Para ello, insistió en que es necesario permitir el levantamiento del secreto bancario. “Si no aprobamos esta ley, los cabecillas de estas bandas seguirán impunes”, aseguró.

Y es que la seguridad fue el puntapié inicial de su balance, donde destacó el que su gobierno haya “quebrado la curva ascendente de homicidios”, sumara más de 15 mil nuevas plazas en las cárceles, la creación del Ministerio de Seguridad, que hoy encabeza Luis Cordero; además de la aprobación de 69 leyes vinculadas a combatir la delincuencia, y la modernización de la Ley Antiterrorista, entre otros.

Una de las cosas que llamó la atención de los presentes fue una especie de “desaire” a los fiscales de Chile. Esto, ya que en las dos horas y media que duró su alocución ante el Congreso, Boric no dedicó ni siquiera una línea a la iniciativa que crea una Fiscalía Supraterritorial, ni tampoco al anhelo del organismo a que se apruebe el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Por el contrario, las loas del Jefe de Estado estuvieron dirigidas a Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, a quienes dijo: “les rindo homenaje, por su compromiso cotidiano, muchas veces silencioso y siempre arriesgado, por protegernos”.

Y es que una de las situaciones que destacó el Mandatario fue “el descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur” lo que principalmente se debe a que la Fiscalía ha sacado de circulación a bandas que operaban en la zona como la CAM, enviando a la cárcel, sin ir más lejos, a su líder Héctor Llaitul.

Al término de la Cuenta Pública, la primera reacción del fiscal nacional Ángel Valencia estuvo en línea con la falta de referencia al organismo en el último balance de la administración Boric.

“Confío en que la omisión por parte del Presidente de la República a priorizar la pronta aprobación por parte del Congreso y de la Fiscalía Supraterritorial, así como del proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público, obedezca básicamente a razones de tiempo y no a que se le considere un asunto menor. Tengo confianza en que esos proyectos se van a aprobar este año porque son claves para poder asegurar combatir la impunidad en Chile”, sostuvo.

Aunque no pocos al interior del organismo apuntan a los últimos hechos en investigaciones, como ProCultura, que han enfrentado a fiscales y el oficialismo por diligencias como los intentos del fiscal Patricio Cooper, en ese caso, de intentar –en dos ocasiones– intervenir el teléfono del mismísimo Mandatario.

Hablan los expertos

Quienes conocen del sistema penal y de temas de seguridad analizaron los tópicos que abordó el Presidente Boric en los más de 25 minutos que dedicó a estas temáticas este 1 de junio.

Juan Francisco Galli, exsubsecretario de Interior del gobierno de Sebastián Piñera, apuntó a que “en su última cuenta pública el Presidente omitió dos hechos relevantes: primero, reconocer su rol previo en deslegitimar a las fuerzas policiales en el combate al delito y, lo segundo, que este ha sido el gobierno con mayor número de homicidios desde que se tenga registro”.

El penalista Marco Contreras destacó la insistencia del Presidente en que se permita “una regulación más expedita del alzamiento del secreto bancario, que ha encontrado una férrea oposición por parte de un sector del parlamento. Esa oposición es extraña, ya que cuando se trata de perseguir la delincuencia común se emplea toda la fuerza del Estado, pero no se hace lo mismo cuando se trata de delincuencia que utiliza el sistema financiero”.

Junto con esto, sostuvo que “eché de menos algún anuncio sobre el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, frente a todo lo que el caso Hermosilla permitió saber al respecto”.

La exdefensora nacional Paula Vial, por su parte, dijo que valoró especialmente “que destacara la perspectiva de reinserción al mencionar el plan maestro de infraestructura penitenciaria y el nuevo Servicio de Reinserción Juvenil.

Para la abogada, “es imprescindible que las mejoras en infraestructura carcelaria se realicen para evitar el actual hacinamiento y no para aumentar la población privada de libertad. La crisis carcelaria tiene que ser prioridad. También destacó que resaltara la necesidad de aprobar prontamente una ley de inteligencia económica, en la que resulta imprescindible una adecuada regulación del secreto bancario, así como los énfasis en probidad para la profundización de la democracia y el refuerzo del Estado de derecho”.

Agregó que “aplaudo que enfatizara los esfuerzos en materia de verdad y justicia y la decisión de convertir en un recinto común el penal de Punta Peuco, sin privilegios”, y a su parecer el Jefe de Estado tuvo coraje “al rechazar sin ambages la utilización del concepto de “estallido delictual”, que insulta a los que participaron pacíficamente por un cambio social aún pendiente".

De dulce y agraz

Marcelo Sanfeliú, exfiscal, apuntó a que en esta cuenta “nada se habló sobre fortalecimiento del Ministerio Público y, a su vez, como contracara, no se hablara de eventuales mayores controles de parte de los jueces de garantía frente a las acciones de la fiscalía. No hubo referencia a las reglas de uso de la fuerza de las policías, sobre todo por lo que el propio Presidente indicó como línea transversal de su cuenta pública: la necesidad de lograr acuerdos. Más aún si el gobierno no tiene mayoría en el Congreso”.

En tanto, Marta Herrera, académica de la Universidad de Chile y exjefa Anticorrupción de la Fiscalía, explicó que “siempre echaré de menos que, cuando se habla de medidas intrusivas, que por cierto yo comparto, como la ley de inteligencia financiera, no se aluda al cuidado que, como sistema, se debe tener en la ejecución de las mismas, porque eso también forma parte del cuidado al Estado de derecho”.

En esa línea, la abogada expuso que “hay que cuidar los equilibrios, porque hemos estado viendo deficiencias en el funcionamiento del sistema en el último tiempo y me parece que faltaron anuncios concretos en materia de probidad y lucha contra la corrupción; más que declaraciones, anuncios concretos. Porque a partir del escándalo de licencias médicas, por ejemplo, no se vio mucho más”.

Finalmente aseguró que, “aunque el discurso mostró voluntad, no se vio una estrategia clara ni resultados verificables. Es esencial entender que el tema de la seguridad requiere más que retórica: necesita decisiones coherentes, continuidad en la política criminal y menos polarización legislativa”.

César Ramos, abogado penalista, valoró el que Boric haya puesto especial énfasis “en el combate al crimen organizado, un objetivo que debe ser nuestra máxima preocupación en seguridad. Sin embargo, es preocupante que se insista en medidas como la relativización de la protección del secreto bancario”.

Agregó que “si bien es importante avanzar en mayores herramientas para la persecución del crimen organizado y sus cuentas bancarias, esta medida debe ejecutarse bajo ciertas condiciones sometidas a control judicial previo. Esta intervención judicial es indispensable si se quiere regular razonablemente la injerencia del Estado en los derechos de las personas”.

Junto con esto, dijo que echó de menos anuncios más concretos en materia penal cuando habló de seguridad. “La investigación penal de delitos hoy presenta graves problemas vinculados al manejo de la información recopilada por el Ministerio Público y el acceso a información reservada o sensible. Al respecto, la cuenta del Presidente omitió iniciativas orientadas a impedir las filtraciones y mejorar el control de la actuación del Ministerio Público”, apuntó.