La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional deducida en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes en la llamada trama bielorrusa.

Con esto, el integrante del máximo tribunal del país queda destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por 5 años.

Bastaba la aprobación, por mayoría de los senadores en ejercicio, de uno de los tres capítulos del libelo para que se diera por cursada la sanción.

El primer capítulo, respecto a la actuación del juez en la disputa entre Codelco y el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, por el que la estatal terminó pagando 12 mil millones de pesos a su contraparte, se aprobó por 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El segundo capítulo se rechazó por 18 votos, tres votos en contra y 19 abstenciones.

El tercer capítulo, en tanto, se aprobó por 33 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.

“Pido que hagan justicia conmigo”, manifestó Simpertigue en la antesala de la deliberación en la Cámara Alta.

El ahora exjuez, fue defendido en la Sala por el abogado Juan Carlos Manríquez, que acusó que el proceso estaba “viciado” por la actuación de la comisión revisora que fue presidida por la diputada Maite Orsini y que tuvo que repetir su votación.

Tres capítulos acusatorios

El libelo, de 52 páginas, presentado por diputados del oficialismo contaba con tres capítulos.

El primero apuntó a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención, e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec, por su vínculo con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, formalizados en la llamada trama bielorrusa.

El segundo capítulo planteó responsabilidad del ministro en presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales al impulsar la designación de su yerno César Maturana.

El tercer capítulo responsabilizó al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, en el que también hubo un fallo en favor de Lagos y Vargas, que implicó que se destrabara un millonario proyecto inmobiliario en Ñuñoa. Tras el fallo, el juez viajó con los abogados en un crucero por el Mediterráneo.

Defendiendo la acusación, el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, impulsor del libelo, enfatizó que “el Poder Judicial no puede operar con zonas grises”.

“Cuando se instala una duda razonable de parcialidad, el daño no es para el afectado en el juicio, es para el pueblo de Chile, que termina viendo cómo la justicia es comprada”, advirtió el diputado socialista.

Opiniones de senadores

La Sala del Senado analizó la acusación en dos sesiones. En la primera, durante la mañana, escuchó a la parte acusadora y a las defensas. Tras un receso, durante la tarde, los senadores fundamentaron su voto.

Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, justificó su voto a favor del primer capítulo indicando que el acusado “redactó la sentencia que otorgó un beneficio millonario a un consorcio cuyos abogados hoy se encuentran imputados por delitos de corrupción”.

“Esta intervención decisiva se realizó sin que el ministro se inhabilitara ni transparentara sus vínculos personales previos y posteriores con dichos abogados infringiendo normas expresas del Código Orgánico de Tribunales”, expuso.

La senadora independiente de oposición Carmen Gloria Aravena, en tanto, manifestó que se abstendría respecto al segundo capítulo y aprobaría los restantes.

“Proteger la judicatura no significa tolerar conductas que dañan la legitimidad, por el contrario, significa exigir los más altos estándares a quienes tienen en sus manos la confianza de la ciudadanía”, recalcó.

El independiente Karim Bianchi, a su vez, recalcó que el “Poder Judicial no es una institución cualquiera”.

“Por eso cuando existen fallos que son comprados, presiones políticas, favores indebidos, tráfico de influencias, o encubrimiento, no estamos frente a simples errores administrativos, estamos frente a una traición a la fe pública”, dijo.

El senador José Miguel Insulza, del PS, dijo que “es bastante pesada la acusación y es muy difícil creer las razones que se dan”.

“Creo que sí existió una grave transgresión”, señaló.

Por su parte, la senadora Claudia Pascual, del Partido Comunista (PC), también se manifestó a favor de aprobar la acusación.

“Los hechos que se han relevado con ocasión de esta acusación constitucional y que hemos conocido durante la primera sección de esta jornada nos develan que existe la necesidad de que cada poder del Estado, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo que dispone la Constitución y las leyes, tome las medidas y adopte las decisiones que fortalezcan el Estado de Derecho”, sostuvo.

Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD) optó por inhabilitarse. También se inhabilitó el senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán.

El quinto juez caído en dos años

Han sido años turbulentos para el Poder Judicial.

Los escándalos partieron con las investigaciones asociadas a los mensajes del abogado Luis Hermosilla que fueron conocidos por el teléfono que le incautaron al influyente abogado en el caso Audio.

Simpertigue es el quinto juez que termina fuera del Poder Judicial en esta crisis, siendo el tercero del máximo tribunal.

En procesos disciplinarios, el máximo tribunal destituyó a la suprema Ángela Vivanco y a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj.

El Congreso, en tanto, aprobó acusaciones en contra del supremo Sergio Muñoz, destituido en octubre de 2024, en contra de Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago sancionado en noviembre de este año, y contra Simpertigue este lunes.