El martes, los detectives del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones efectuaron diligencias hasta cerca de las 23.00 horas en las instalaciones de la Corporación de Administración del Poder Judicial.

Fue parte de los múltiples peritajes ordenados por el fiscal regional Occidente Marcos Pastén, quien se encuentra investigando penalmente que pasó con la liberación del ciudadano venezolano Osmar Alexander Ferrer Ramírez (18), quien fue formalizado por el homicidio del empresario de barrio Meiggs José Reyes, en lo que para la Fiscalía se trató de un crimen por encargo o, dicho de otro modo, un sicariato.

En específico, los policías buscaban en la CAPJ “rescatar” los respaldos de las comunicaciones que pudieran dar indicios del caso.

La liberación de Ferrer, imputado por homicidio calificado y bautizado como el sicario de Meiggs, se produjo el 10 de julio, después de que la jueza del 8° Juzgado de Garantía Irene Rodríguez ordenara su prisión preventiva. Su nombre mal escrito en un oficio y la posterior corrección del mismo, lo que supuestamente produjo una cadena de equivocaciones, son parte de los hechos que investiga la fiscalía y que podrían haber incidido en la libertad del sujeto, a quien estaban esperando dos personas afuera de Santiago 1.

Hasta ahora la liberación de Ferrer no tiene explicación clara. Pastén, quien señaló que no descarta ninguna hipótesis, investiga si se trató de un error administrativo o si el crimen organizado está detrás de la liberación de Osmar Ferrer.

Este miércoles feriado los trabajos no se detuvieron. Fuentes conocedoras de la causa indicaron que se trabajó durante todo el día en la recuperación de los respaldos de las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería desde los servidores de la Corporación Administrativa del PJUD.

Revisión del teléfono de la jueza

El martes, Pastén tomó declaración a la jueza Rodríguez, quien, posteriormente, afirmó a los medios que no hubo una intención dolosa en su actuar. Además del testimonio, los investigadores requisaron el teléfono de la magistrada. Y no fue el único aparato telefónico que los policías incautaron. También se llevaron otros de personal de Gendarmería.

Una de las próximas tareas que deberá desarrollar Pastén y su equipo de trabajo será vaciar y revisar el contenido de esos teléfonos.

Además, los policías ingresaron hasta el penal Santiago 1, ubicado en calle Centenario 1879, para incautar cámaras, celulares y los respaldos de computadoras.

Quienes conocen la investigación sostienen que en las primeras 24 horas, vale decir este martes, se realizaron “todas las diligencias que se requerían”.

La declaración de la jueza no fue la única que se tomó el martes. Se hizo lo propio con otros funcionarios del 8° Juzgado de Garantía y también con gendarmes que recibieron comunicaciones del PJUD y tramitaron la liberación del sujeto, a quien se ha vinculado con el Tren de Aragua.

Reuniones de este jueves

Este jueves, durante la mañana, el fiscal Pastén se reunirá con su equipo de trabajo en el edificio de la Fiscalía Occidente. También llegará la fuerza de tarea policial designada y su equipo de fiscales, compuesto por dos persecutores que integran el Foco Penitenciario y equipos de análisis, apoyados por tres brigadas de la PDI (Anticorrupción, Cibercrimen y Crimen Organizado). Allí evaluarán el avance de la causa y definirán las nuevas diligencias que se efectuarán en los próximos días.

En paralelo, la policía se encuentra trabajando en dar con el paradero del imputado, quien podría haber salido del país. En ese marco, de levantó una orden de captura internacional en 196 países, con especial atención en las naciones fronterizas.

Tanto la PDI como Carabineros publicaron afiches en redes sociales solicitando contactarse al 134 o el 133 ante cualquier información. Se describe a Osmar Ferrer como una persona “de nacionalidad venezolana, tez morena, 1.75 m de estatura, pelo negro ondulado y un tatuaje en la mano derecha con la palabra Zeus”.

Este miércoles la jueza Rodríguez volvió a eludir su responsabilidad en el caso. En conversación con Mega, dijo que envió un nuevo oficio porque la Corte Suprema impide hacer enmendaduras de los oficios. Allí se habría producido la liberación.

“Nosotros no podemos borrar con corrector y poner la letra encima, porque la Suprema ya nos dijo que no, que se producen muchos problemas con eso. Tienen que hacerlo por resolución. Y para hacerlo por resolución, y por los hitos que pasan, había que dejar sin efecto en ese momento la orden, para hacer una nueva orden con el nombre nuevo”, dijo la magistrada en su domicilio.