La inmobiliaria San Valentino emitió una declaración cuestionando planteamientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y asegurando que no existe ilegalidad en la operación de compraventa de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.

Esto, ante las acciones que viene realizando el municipio para no pagar los $8.252 millones de la compra del inmueble que intentó concretar la administración anterior y llevó a la exalcaldesa Irací Hassler a enfrentar un proceso penal en el que la Fiscalía de Coquimbo decidió no perseverar.

“El alcalde Desbordes falta a la verdad. No hay ningún delito penal en este caso y eso fue juzgado y se encuentra con sentencia firme y ejecutoriada. Fueron los tribunales, no la municipalidad, quienes ordenaron la inscripción de la compraventa. Pretender instalar otra cosa es litigar por la prensa para presionar a la justicia”, señaló la empresa.

Esto, en relación a que, a mediados de septiembre, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), acatando una sentencia de la justicia civil, resolvió inscribir el inmueble a nombre del municipio.

“Vamos a seguir peleando en todas las instancias”, afirmó Desbordes este jueves, ratificando su intención de evitar el desembolso de los $8.252 millones por la operación.

La inmobiliaria está exigiendo el pago y había conseguido que el 20° Juzgado Civil de Santiago dispusiera una orden de embargo contra el municipio, medida que Desbordes logró revertir mediante la presentación de un incidente de exclusión que determinó que eran inembargables los dineros existentes en una cuenta corriente Scotiabank que administra el municipio.

“Lo único excluido fueron los fondos de la cuenta corriente que estuvo embargada desde el 23 de octubre pasado, resolución que por lo demás no está firme y admite recursos. Ahora bien, la embargabilidad de los bienes municipales quedó plenamente ratificada”, indicó la inmobiliaria.

San Valentino insistió en que el contrato es válido y criticó la estrategia de la representación comunal para evitar el pago. En esa línea, recalcan que el “19° Juzgado Civil ya declaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre los intentos del municipio de reabrir discusiones que están zanjadas".

“Sorprende que una autoridad actúe con este nivel de irresponsabilidad jurídica”, plantearon, en alusión al alcalde de Santiago. Y añadieron: “Este tipo de maniobras solo son comparables con las conductas que en su momento se conocieron en el caso Basura, que el alcalde conoce bien: es el mayor escándalo de corrupción municipal que ha existido en la historia del país y quizás viene desde allí su desconfianza y el desconocer las sentencias judiciales”."