Por cerca de una hora estuvieron los magistrados que integraron el pleno de la Corte Suprema ponderando los alegatos que se dieron en el marco de la solicitud de destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Fue a eso de las 14.30 cuando los abogados Karinna Fernández, en representación de los parlamentarios del Partido Comunista y Frente Amplio que interpusieron el requerimiento, y Matías Insunza, en defensa del fiscal Cooper, entraron al plenario para desplegar su artillería ante los 16 supremos que escucharon con atención las posturas.

Como primera parte, el abogado relator Sebastián Pérez-Gazitúa hizo un resumen de la causa, que se originó el 3 de marzo de este año cuando el fiscal regional ordenó una diligencia de incautación de aparatos electrónicos a la diputada Karol Cariola en el marco del caso Sierra Bella. El cuestionamiento se produjo debido a que Cariola justo ese día estaba dando a luz a su primer hijo, lo que motivó sendas críticas de parlamentarios oficialistas.

Ese día dos equipos de la PDI se movilizaron para dar cumplimiento de la orden judicial: uno se dirigió hasta el departamento de Cariola, en Providencia, y otro hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde estaba la parlamentaria junto a su pareja, el senador PS Tomás de Rementería. Esa fue la primera parte que fundó el escrito presentado por los congresistas, seguido de la filtración del teléfono de Cariola, de la cual los diputados responsabilizan a Cooper. En ese sentido, la acusación se fundaba en la supuesta “negligencia” del persecutor al ordenar la diligencia sin perspectiva de género y la falta de cuidado ante la filtración del teléfono de la diputada.

Tal como en las tres solicitudes anteriores de remoción de fiscales, donde se llevó a la Suprema a los fiscales Emiliano Arias, Marcela Cartagena y Xavier Armendáriz, el requerimiento de los parlamentarios oficialistas fracasó.

Los alegatos

La primera en litigar fue Fernández, quien durante media hora buscó convencer a los supremos por qué Cooper debía ser destituido. Citando jurisprudencia italiana, la abogada experta en Derechos Humanos, afirmó que fiscal Cooper había dejado de ser “idóneo al realizar acciones que son manifestaciones de una negligencia y que terminan afectando derechos fundamentales que estaba llamado a proteger”.

Varias veces mencionó la revelación del informe de 487 de la PDI, donde los detectives plasmaron la recuperación de mensajes de WhatsApp borrados del teléfono de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Allí había diálogos de 2022 con Cariola, en que la parlamentaria se refiere en duros términos al Presidente Gabriel Boric.

Asimismo, Fernández cuestionó que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pudo acceder al contenido de dicho informe, sin ser interviniente, para estampar una querella contra Hassler y Cariola. Quien estaría detrás de esa información filtrada, afirmó, sería la propia Fiscalía de Coquimbo.

“La argumentación fue que la Municipalidad era víctima. Yo representó a muchas víctimas de los delitos más perversos que se hayan cometido en este país, pero nunca un fiscal me ha entregado en una causa en que no soy parte. Eso jurídicamente no tiene sentido y constituye una infracción grave”, argumentó la abogada.

Con todo, Fernández dijo que Cooper “vulneró la debida diligencia, el debido proceso y las garantías judiciales”. “Es evidente que en este caso el fiscal regional no respetó el principio de legalidad”.

Por su lado, Insunza cuestionó la prueba de cargo de la etapa probatoria. Allí se presentaron dos testigos: De Rementería y Hassler. “El primer testigo en ese tiempo era diputado y pareja de Cariola. El segundo testigo es imputada en la causa”. “Hay que preguntarse qué se acreditó la conducta imputada en el requerimiento. Si ocurrió cómo ahí se indica y si fue negligente. La respuesta es un contundente no”, dijo el profesional.

Asimismo, aseveró que la diligencia se había fundado en una resolución judicial de la jueza Carla Capello y que los seis PDI que había declarado en la etapa probatoria habían descartado alguna conducta vulneratoria de derechos humanos.

También el abogado señaló que el requerimiento respondía a fines políticos y no jurídicos. Para la parte final, Insunza destacó la trayectoria de Cooper, quien inició sus funciones como fiscal en 2000 al inicio de la reforma procesal penal. Según dijo, de las 19 fiscalías de Chile, la de Coquimbo era la mejor calificada en dos aspectos: aumento de condenas y la disminución de archivos. Sobre el primer punto, dijo que la de Coquimbo tenía un 34% de condenas, superior a todas las fiscalías del país.

Reacciones

La magistrada y vocera de la Suprema Soledad Melo señaló que, pese a la unanimidad del fallo, este tendría “prevenciones”, que serán comunicadas una vez que se conozca la sentencia en los próximos días. Afuera del plenario, Insunza tomó el teléfono para comunicarse con Cooper, quien recibió “tranquilo” la noticia.

“Quedamos muy satisfechos con la resolución, creemos que se hizo justicia. La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derechos donde la política no ingresa, sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas presentadas”, dijo el profesional.

Por su lado, Fernández dijo: “Como defensora de los derechos humanos, lamento esta decisión. Y lamento aún más que sea unánime. Hemos demostrado que se le entregó información reservada a un tercer actor no interviniente en la causa por parte de un fiscal regional. Estos son hechos de especial gravedad y no resistirían análisis por parte del derecho internacional. Pero parece que en nuestro país hay instituciones que se resisten a cumplir con sus funciones”.

Este medio intentó comunicarse con parte de los parlamentarios requirentes, pero no hubo respuesta.

En tanto, consultado respecto de la resolución, el senador De Rementería indicó que esperará conocer el fallo íntegro de los ministros del máximo tribunal. Esto, dado que se habrían fijado ciertas prevenciones respecto del actuar de Cooper.

La espera de Cooper en Coquimbo

El fiscal Cooper siguió la audiencia desde Coquimbo. Desde su entorno señalaron temprano que su “ánimo se encontraba intacto” y que tenía “plena confianza en sus abogados”.

Según ha manifestado a sus cercanos, el fiscal se encontraba preparado para “cualquier escenario”, pero que “lamentaría” terminar así su carrera de 25 años en el Ministerio Público.

Ya a inicios de mayo, durante los alegatos ante la jueza Mireya López a los cuales Cooper asistió, el persecutor manifestaba a su entorno estar confiado en que no había infringido la ley y la cuestionada diligencia respondía a la “premura” que, según él, requería la investigación. Esa misma confianza en haber actuado acorde a la ley y bajo el deber de su cargo es la que ha manifestado a sus cercanos en los últimos días.

En caso de tener que irse, Cooper lo haría, dicen sus cercanos, “con la frente muy en alto”.

De esta forma, la única fiscal que ha sido destituida fue Esmirna Vidal en 2005, en el marco del caso del exsenador Jorge Lavandero.