El Tribunal de Libre Competencia (TDLC) dio a conocer este jueves su rechazo al recurso de reposición que presentó el Ministerio de Educación contra una resolución del mismo organismo, que declaró admisible un procedimiento no contencioso para analizar lo que varias universidades privadas consideran un “sesgo” en la asignación de recursos de parte del Estado, sobre todo después de conocidos los aranceles regulados para 2026.

En su dictamen, el TDLC afirmó que “esta magistratura es competente para evaluar la correspondencia de hechos, actos o contratos con la normativa de libre competencia, incluyendo aquellos ejecutados o celebrados por entidades públicas, con independencia de su objeto o contenido”.

Además, reafirmó su facultad para “proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Estado que corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia”.

La misma facultad que respecto de la “naturaleza contenciosa subyacente de la petición” la llevó a establecer, respecto del análisis de admisibilidad de los asuntos no contenciosos, que “el ejercicio de la potestad consultiva no impide el análisis de la conformidad de ciertos hechos y/o actos con la legislación de libre competencia”.

Una respuesta que reafirma la continuidad del proceso que busca analizar si las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Educación en torno a dichos aranceles regulados para el próximo año estarían afectando la libre competencia.

El tribunal abrió este procedimiento a inicios de noviembre, luego de que siete universidades privadas, no pertenecientes al Consejo de Rectores -Autonóma, Bernardo O’Higgins, De las Américas, Mayor, Finis Terrae, Santo Tomás y Central-, acudieran a él tras llegar a la conclusión de que los aportes estatales hacia las instituciones de educación superior podrían configurar eventuales vulneraciones a la libre competencia de parte del Estado.

Poco después, el lunes 17 de noviembre, el Mineduc, representado por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, presentó un recurso de reposición contra la resolución que había declarado admisible dicho trámite ante el TDLC.