El equipo del OS7 de Carabineros comandado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, durante meses llevó adelante una sofisticada investigación que tuvo como objetivo ir amarrando todos los cabos sueltos de los eventuales sobornos que hubo en la causa que tiene detenidos a Gonzalo Migueles, Mario Vargas, Eduardo Lagos y como imputada -al borde de enfrentar una querella de capítulos- a la exministra Ángela Vivanco.

En esa indagatoria fueron clave otros imputados del caso. Se trata del conservador de Chillán Yamil Najle y el de Puente Alto Sergio Yáber.

Ambos estaban siendo objeto de escuchas telefónicas por parte del OS7 y a través de sus conversaciones la Fiscalía pudo ir reconstruyendo las maniobras que incluyen pagos a Migueles para así poder, según los persecutores, limpiar el origen ilícito del dinero.

Ese origen fueron las supuestas coimas pagadas por Vargas y Lagos luego de haber favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en la pugna judicial contra Codelco. Una contienda que ganaron cuando los recursos llegaron hasta la sala que integraba Vivanco en el máximo tribunal.

En la solicitud de detención que la Fiscalía ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se adjuntaron extractos de las escuchas que son relevantes para el caso.

La preocupación por justificar pagos

En una de esas, Najle habla con su contador Pablo Figueroa sobre “las fechas de las boletas que le habría emitido Gonzalo Migueles, en el año 2024, ya que le habría realizado unas transferencias y necesitaba verificar si se encontraban justificadas con boletas”.

Los investigadores señalaron que “Figueroa le señaló que esa persona era quien le había generado problemas de flujo de caja, por lo que Najle manifestó que sí, insistiendo que necesitaba verificar si esas transferencias estaban justificadas con boletas”.

Ante el requerimiento Figueroa “encontró una boleta individualizada con el N° 213, de fecha 30.06.2024 por un monto ascendente a $5.452.586, otra del mes de julio, boleta N° 216, de fecha 31.07.2024 por un monto ascendente a $5.452.586. Finalmente, Figueroa, le manifestó a Najle que tiene todas las boletas registradas en la contabilidad, ofreciendo enviarle vía WhatsApp todas las boletas, haciendo referencia a que eran bastantes”.

Para los fiscales ese diálogo refleja que Najle estaba preocupado por los pagos registrados a Migueles: “Consultado Najle a su contador, los $25.000.000 transferidos en 5 transferencia de $5 millones, en junio de 2024 desde la cuenta de Yamil Najle Empresa Periodistica El Heraldo EIRL a Gonzalo Migueles no tenían respaldo en boleta de honorarios algunas y, por tanto, no tiene justificación conforme a las prácticas comerciales lícitas”.

De esas escuchas, a ojos de la Fiscalía y Carabineros, además se desprenden huellas de una reunión que tuvo Najle con el abogado Alexis Castillo quien, para los investigadores, lo estaba ayudando a cuadrar los pagos a Migueles.

Esa reunión, se lee en el documento elaborado por el Ministerio Público, ocurrió el 25 de junio de 2025 en el Gran Hotel Isabel Riquelme de Chillán. En esa cita, fue Castillo el que propuso el mecanismo: “De esta reunión con el abogado sería el origen de la fórmula para justificar los $25 millones entregados por Najle a Migueles mediante un contrato de prestación de servicios mendaz y que determinó la suscripción de un contrato antedatado en una notaría de Providencia”.

La “pagá de favores”

Esa fórmula, según las mismas escuchas, implicó que Najle hiciera una carta Gantt en dos semanas. Eso se lo comentó a un sujeto identificado como Raúl Arce, quien a su vez interpeló a Najle.

En el escrito del Ministerio Público se expuso que Arce le dijo “que no actuara de forma tozuda y que no hiciera más tonterías”. Ante eso el conservador de Chillán respondió “que se habría hecho parte de este problema, puesto que en un momento se sentía cautivado por unos sujetos, quienes con diversas acciones lo habrían arrastrado a cometer actos ilícitos”.

En otra escucha Najle habla con alguien identificado como “primo” con quien también expone la situación en la que se encuentra. El interlocutor replicó: “Yo me acordé po weon, de lo que tú me habiai contado entre nosotros del tema de la pagá de favores, dije, pero puta cómo va hacer transferencias este weon”.

Para los investigadores, de esa conversación se desprende que Najle “habló de asuntos relacionados al pago de favores con la persona a quien llama ‘primo’”.

En esa misma llamada los investigadores consignan que “se pudo detectar que el imputado Najle argumentó que las transferencias realizadas al coimputado Gonzalo Migueles se debían a asesorías realizadas por Migueles respecto a temas laborales y que de ello existía documentación de respaldo tales como boletas y contratos”.

Según Najle, Migueles “era experto en materias laborales y que incluso le estaba disolviendo un sindicato en la empresa, gestiones que eran de gran importancia para Najle”.

Luego el documento consigna lo siguiente: “De igual manera se tomó conocimiento que el imputado Najle señaló que él tenía un ‘toc’ que consiste en realizar las transferencias de cinco en cinco, es decir de $5.000.000 cada transferencia, independiente del monto. Asimismo, el imputado Najle hace referencia a que él tiene conocimiento respecto a las materias de la UAF (ROS) y sabe que no son por $5.000.000, sino que son por US$10.000”.

En el marco de las escuchas y los seguimiento que hicieron los carabineros en el trabajo de campo, pudieron constatar que en algún momento aparece una persona identificada como Roberto Fernández.

Él, se lee en el escrito, “trasladó los contratos de honorarios solicitados por el imputado Migueles, con los cuales buscaba justificar las boletas de honorarios emitidas desde el año 2022 en adelante, las cuales carecerían de justificación contractual y económica aparente”.

La Fiscalía agregó un dato más: “El documento enviado a suscribir se trataría de un contrato de prestación de servicios y un finiquito ideológicamente falso, antedatado, para justificar los $25 millones entregados a Migueles”.

La mención a Ulloa

En la solicitud para detener a los tres imputados del caso también se incluyen escuchas telefónicas de Yáber, el conservador de Puente Alto. En una de esas llamadas conversó con una persona de sexo masculino.

Ahí se escuchó lo siguiente: “El personal investigador logró establecer que el imputado Yáber le consultó si tenía resaca para posteriormente justificarse por no haber asistido a una reunión social con ocasión de una celebración organizada para el magistrado Antonio Ulloa, quien había sorteado exitosamente un cuaderno de remoción en la Corte Suprema. De esta manera, el segundo interlocutor individualizó a las personas que habían asistido, dentro de los cuales mencionó a un sujeto de nombre ‘Mario’, momento en el cual, el imputado Yáber señaló que había que mantenerse lo más alejado posible de ese sujeto, puesto que estaría siendo investigado por haber pagado alrededor de uno o dos millones de dólares a la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por una causa que se vincularía al consorcio Belaz Movitec. En este contexto, Yáber señaló que habría una investigación con aproximadamente siete investigados”.

Las escuchas de Yáber con esa misma persona tienen otros detalles ya que se habría aseverado “que el dinero lo habrían sacado hacia el extranjero, específicamente, a México, ya que en su momento le pareció muy sospechoso que la imputada Ángela Vivanco haya viajado en reiteradas oportunidades, supuestamente a realizar clases a ese país”.

Luego Yáber comentó más asuntos: “Manifestó que es de conocimiento en su círculo que tanto Gonzalo Migueles como Ángela Vivanco serían coimeros y que las acciones de corrupción realizadas por los abogados Mario Vargas, Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Aldo Cornejo los habrían perjudicado e involucrado en un problema mayúsculo, donde esperaba que en cualquier momento los formalizarían”.

El escrito también incluye una conversación de otra imputada llamada Gloria Rivera con alguien a quien se refiere como su amiga.

En esa llamada Rivera se refiere a Vivanco como “una persona corrupta”. También agrega que la imputada “siempre hablaba con el marido de Vivanco ( Migueles) y que incluso han almorzado juntos”.

Posterior a ello, se lee en el escrito, “la imputada Rivera hizo alusión a que todos los ministros serían iguales, argumentando sus dichos con la elección de ternas para los cargos de notarios y conservadores de bienes raíces, donde existirían prácticas al margen de la ley donde los ministros de las cortes se beneficiarían económicamente producto de la nominación o nombramiento de determinados candidatos, quienes para ser favorecidos estarían dispuestos a financiar propiedades en el extranjero (España) o bien regalar viajes a otros países a los ministros que les dieron su voto”.