El pleno de la Corte Suprema sostuvo esta jornada una reunión extraordinaria para analizar los alcances de la puesta en libertad de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por la muerte de un comerciante conocido como el “Rey de Meiggs”.

Esto, luego de que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dejara sin efecto la instrucción inicial de ingresar a Ferrer a prisión preventiva, algo que -según informaron desde el Poder Judicial- se hizo para corregir su identidad y no así para ordenar su excarcelación.

Así, tras calificar el hecho como “de la mayor gravedad”, el pleno de la Suprema precisió la cronología del hecho, al señalar que el tribunal “despachó la orden formal y definitiva de ingreso en prisión preventiva en contra del imputado, la que fue puesta en conocimiento de Gendarmería de Chile el 10 de julio del actual, a las 14:13 horas, por los conductos oficiales”.

Agrega que “a pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación”.

El protocolo

Ante esto, la Suprema indicó que, sin perjuicio de las investigaciones administrativa y penal ya iniciadas, se dispusieron dos medidas

Primero, “recabar la información respecto de los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso”.

Asimismo, “elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad”.

En este sentido, destacaron que para este motivo, la presidenta (S) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, instruyó al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial emitir un informe sobre la materia y solicitó a la Asociación de Magistrados y Magistradas dar cuenta de las dificultades que ha detectado la judicatura penal en el manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica.