Después de semanas en la mira por su rol en el caso de las licencias médicas, este lunes el ministerio del Trabajo informó que le solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, quien había asumido el cargo en octubre de 2022 y cuyo periodo estaba previsto hasta fines de este año.

La presión comenzó a escalar tras la revelación de un informe de la Contraloría, que el pasado 20 de mayo expuso que más de 25 mil funcionarios públicos habían viajado al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. El lapidario documento expuso las falencias en la fiscalización del sistema de licencias y generó un efecto dominó en todas las reparticiones públicas que iniciaron sumarios.

Pero fue un segundo informe del organismo —que detectó deficiencias graves, demoras injustificadas y riesgos críticos en el control de licencias— el que agudizó las críticas hacia el rol de la Suseso y, particularmente, hacia el liderazgo de Gana.

Solo unos días después de que conociera la investigación de Contraloría se conoció que existía convenio que pudo haber detectado el fraude las licencias y los viajes al extranjero hace mucho tiempo.

Y es que desde 2014 existe una alianza entre la Policía de Investigaciones y la Super de Seguridad Social para intercambiar información sobre viajes al extranjero en periodos de reposo. Eso sí, esto nunca se ha llevado a la práctica con pacientes.

Por eso, a principios de junio fue citada a la Comisión de Salud del Senado a rendir cuentas. Sin embargo, ninguno de los parlamentarios quedó conforme con su exposición.

De hecho, durante esta jornada, el presidente de la instancia, el senador Iván Flores (DC) aseguró que “por fin se actuó con sentido común y con sentido de urgencia y le pidieron el cargo a la superintendenta. La señora Gana no tenía ninguna posibilidad de seguir en el cargo porque nunca asumió la responsabilidad de no haber hecho el trabajo, una trabajo fundamental para hacer que las instituciones que tienen que fiscalizar el uso correcto de las licencias médicas, se haga”.

“No hizo la pega ni con el convenio de la PDI, ni tampoco fiscalizando. No estuvieron a la altura, así que bien por el ministerio del Trabajo que le ha pedido la renuncia y ahora espero que coloquen a alguien que tenga colmillo y garra, pero no para sujetarse en el cargo, sino que para terminar con los tramposos”, agregó el parlamentario.

Asimismo, del ministerio del Trabajo informaron que desde ahora asume la subrogancia legal, la fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, Patricia Soto. Eso sí, recalcaron que respetarán los procesos de Alta Dirección Pública para el pertinente reemplazo según dictamina el Servicio Civil.

Informe de la Contraloría

Lo último que le generó una ola de críticas a la ahora exsuperintendenta de Seguridad Social fue la autoría realizada por el organismo encabezado por Dorothy Pérez que reveló varias falencias en el trabajo del organismo.

Por ejemplo, uno de los primeros problemas que detectó el organismo fiscalizador fue el retraso en la tramitación de multas por parte de la Suseso.

Del análisis efectuado sobre 102 expedientes con resolución de multa, se detectó que en la mayoría no se respetaron los plazos legales para resolver los recursos de reposición presentados por los profesionales sancionados. En 96 de estos casos, la respuesta tardó más de 30 días hábiles, que es el plazo establecido. Aún más grave, en 62 de ellos -lo que representa el 65% del total analizado- la demora fue de más de 180 días corridos, con tiempos de tramitación que llegaron hasta los 427 días hábiles, muy por sobre el límite de los seis meses permitido.

La auditoría también establece que está desactualizada la circular N° 3.523, que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto del otorgamiento y uso correcto de la licencia médica electrónica, mediante la aplicación de medidas de control, fiscalización y de sanciones. Y que sería clave para la labor de la Suseso y por esto por si solo produce problemas operativos.

A esos problemas se le suman otras dos fallas informáticas que detectó la Contraloría: se descubrió que hay usuarios que no forman parte de la dotación de personal de la Suseso y que, aun así, realizan movimientos dentro del sistema. A eso se suma que 5.104 personas fallecidas mantenían cuentas activas en la plataforma, según el cruce que hizo la Contraloría entre la base de datos del Registro Civil y los registros del organismo.

Esto en paralelo al sumario administrativo que se le había ordenado junto a otras intuiciones-la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y Fonasa- “para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia”.