El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva de 17 de los 18 imputados (de los 30 detenidos durante el operativo) en la causa de la mafia china. Uno de los detenidos se presentó vía online por estar en Copiapó.

La audiencia inició pasado las 10.30 horas, con la llegada de los acusados hasta la sala D101, desde el recinto penitenciario Santiago 1.

Los imputados están identificados y son: Renhe Peng, Shugui Yang, Chao Liu, Shengke Teng, Zhicheng Du, Chen Wen, Xingzhozg Jiang, Huan Tao, Wenchuang Jin, Xingwang Cai, Hui Chen, Qiuru Zhang, Gabriela Rivera Melgar, Fang Chen, Jiawen Wen, Qian Chen, Guosheng Chen y Gonzalo Andrés Hernández Salinas; un excarabinero.

Entre las personas que quedaron privados de libertad se encuentra el exefectivo policial, dos mujeres y otros líderes de la organización.

Además, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte precisó los delitos por los que están acusados, los cuales son tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero, secuestros extorsivos y soborno. Mientras que al expolicía le agregaron en la imputación cohecho reiterado y revelación de secreto.

Desde el Ministerio Público, en voz del fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se solicitó la prisión preventiva para 17 imputados, y para el restante la medida cautelar de firma cada 15 días y arraigo nacional.

El tribunal accedió a la petición de la Fiscalía. Para 10 de ellos la máxima cautelar fue otorgada por el peligro de fuga que constituye su libertad; mientras que otros siete fueron enviados a prisión por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, sin otras opciones.

Con todo, a los primeros 10, se les ofreció la posibilidad de cambiar la medida cautelar por una caución monetaria, que se fijó en $ 7 millones. Una vez que paguen el monto, quedarían sujetos a arraigo nacional, arresto nocturno y firma quincenal.

Declaraciones del fiscal Cerri

El fiscal Cerri, luego de la audiencia, explicó que “todos los imputados quedan en prisión preventiva, salvo uno, que estaba solamente por un delito de porte de munición, que tenía una pena más baja. Por eso a él se le pidieron unas medidas cautelares menores, pero para el resto de los imputados todos quedan con prisión preventiva”.

Respecto a la caución que se ofreció a un grupo de imputados, el persecutor detalló que “el tribunal entendió que existe una organización criminal en este caso, una organización que tiene múltiples funciones y múltiples actividades. Respecto a todos ellos, se decretó la prisión preventiva por peligro para seguridad de la sociedad. Ahora, hay un punto específico, que había un lugar dentro de la organización, que era el restaurante de (calle) Echaurren. Un restaurante que no funcionaba como tal, sino que era un lugar de reunión, en este caso de la organización, permanente”.

“Ahí, al momento de la entrada y registro, se detuvo a 10 personas que tenían cerrado ese lugar y lo tenían utilizado, encontrando más sustancias ilícitas en su poder. Eso no los hace partícipes necesariamente de la organización criminal, pero sí responsables de los delitos por los cuales se han imputado. El tribunal entendió que sí existían esos delitos y había antecedentes suficientes respecto a ellos”, agregó el fiscal.

Con todo, el persecutor descartó confirmar que tras este operativo policial y posterior imputaciones, se haya desbaratado a las mafias orientales que operan en el Barrio Meiggs.

“Uno nunca puede decir que algo se termina. Yo creo que ese no es el punto. El punto aquí es que hay ciertas cosas que de repente uno no habla, hay ciertas cosas que uno no sabe, y finalmente con este operativo uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias. Y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos. Entonces, más que terminar un fenómeno, es un fenómeno que tenemos que tener a la vista y que, por ende, las actividades de prevención que realizan las diferentes instituciones deben mantenerse para que justamente estas bandas no tomen el tema de todo el territorio”, zanjó.

En la jornada, el tribunal otorgó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación.