En una presentación de más de 100 páginas, un grupo de 16 consejeros regionales de la Región Metropolitana ingresó este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para pedir la destitución del gobernador Claudio Orrego Larraín.

Lo acusan de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y una “contravención grave al principio de probidad administrativa” durante su gestión, configurando —según el texto— una “estrategia integral donde los recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional fueron puestos al servicio de un interés electoral particular”.

La solicitud, patrocinada por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza, fue firmada por consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano, entre ellos, Álvaro Bellolio (UDI), Karin Luck (RN) y Felipe Serey (Republicanos).

Los firmantes sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático: “Una práctica institucionalizada al margen de la legalidad, que socava la fe pública, atenta gravemente contra el patrimonio fiscal y configura las causales de remoción previstas en el ordenamiento jurídico”.

La acusación se basa principalmente en dos informes de la Contraloría General de la República: el Informe Final de Auditoría N°265/2024, de mayo pasado, y el Informe Final N°873/2024, emitido en junio, que dan cuenta de irregularidades administrativas, desórdenes financieros y uso indebido de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano.

Coaching con fondos públicos

El requerimiento sostiene que “uno de los cargos más graves se refiere al desvío de recursos públicos desde sus fines institucionales hacia fines personales de campaña electoral”, específicamente mediante la contratación de un servicio de “coaching directivo” por $31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. El contrato fue suscrito por trato directo bajo la descripción de una asesoría sobre “líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, pero según la Contraloría, el contenido real fue político-electoral.

“Las temáticas de campaña eran el objeto central y explícito del servicio pagado”, señala el requerimiento, agregando que las sesiones abordaron temas como “estrategias de comunicación para la reelección” y “manejo de crisis mediáticas en periodos electorales”.

Según el Informe 873, “no dan cuenta de contenidos relacionados con coaching directivo o sesiones de equipo [...] sino que más bien, se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que Don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección”.

La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público e instruyó un sumario administrativo, subrayando la eventual comisión de ilícitos penales. “Esta contratación sucedió a través de la vía del trato directo, lo que evidentemente deja en evidencia la responsabilidad directa del Gobernador”.

Uso de redes personales

Otra de las observaciones apuntadas por Contraloría —la N°9 del mismo informe— que las cuentas personales de Claudio Orrego eran utilizadas para dar primicia a contenidos institucionales, que luego eran replicados por las redes oficiales del GORE. Esto, afirma el requerimiento, significó “la apropiación de un bien público (la información oficial) para un fin privado (fortalecer la imagen política personal)”.

El texto cita la resolución de Contraloría que indica que “ninguna autoridad, funcionario o servidor, se encuentra autorizado para entregar información obtenida en el ejercicio de su cargo a través de redes sociales, de forma previa a que aquella se publique por el propio servicio”.

La denuncia incluye el caso de un concurso realizado en redes oficiales del GORE, en el que se sorteaba un peluche de “Fiu”, la mascota de los Panamericanos, a quienes siguieran la cuenta personal de Orrego. “No corresponde que en los sitios electrónicos y redes sociales institucionales se establezcan vínculos con cuentas personales de autoridades o se inste a seguirlas”, dictaminó la Contraloría en el dictamen E190/2025.

“Personalización” de la comunicación institucional

En la Observación N°10, el informe detecta una “práctica reiterada” de uso de imagen y nombre del gobernador en comunicados y publicaciones oficiales. En una muestra de septiembre de 2024, el nombre de Orrego apareció en 28 de 38 noticias difundidas por el GORE y su imagen fue destacada en portadas y notas, con titulares como “Gobernador Claudio Orrego entrega 10 vehículos de seguridad” o “Gobernador Claudio Orrego y alcalde X dan el vamos a…”.

La Contraloría señaló que “no corresponde que se incorpore —en cualquier época y más aun tratándose de un periodo eleccionario— la imagen del Gobernador Regional como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades de esa entidad”.

Los requirentes sostienen que esta estrategia no fue espontánea ni casual, sino que formó parte de una línea deliberada de “branding político” planificado en las sesiones de coaching. “Nos encontramos, por tanto, ante una estrategia integral donde los recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional fueron puestos al servicio de un interés electoral particular”.

Actos durante la campaña

Finalmente, la presentación denuncia que durante octubre de 2024 —cuando Orrego se encontraba legalmente fuera del cargo para hacer campaña— su subrogante, Manuel Gallardo, lo mencionó reiteradamente en al menos 18 actividades oficiales, como inauguraciones y entregas de equipamiento, según consta en la Observación N°12 del Informe 873.

En una de ellas, el subrogante afirmó: “El Gobernador Orrego nos pidió constituir una mesa para desalojar este espacio” (1 de octubre de 2024, en Estación Mapocho). En otra, sostuvo: “El año pasado el Gobernador Orrego visitó su cuartel y se comprometió a dos cosas...” (2 de octubre, entrega de vehículo al Cuerpo de Socorro Andino).

La Contraloría fue tajante: “Los argumentos expuestos por esa entidad no permiten justificar que [...] el Gobernador Regional (S) efectúe menciones expresas y reiteradas al señor Claudio Orrego Larraín durante el periodo en que la aludida autoridad no se encontraba ejerciendo el cargo, sino que desarrollando actividades de campaña electoral para su reelección”.

“Un patrón persistente”

El requerimiento afirma que las infracciones denunciadas no se reducen a hechos puntuales, sino que reflejan “un patrón sistemático y progresivo”, cuya planificación comenzó en enero de 2024. “Lejos de ser conversaciones reactivas a un ‘contexto inevitable’, la evidencia demuestra que se intentó planificar o reforzar la campaña electoral del año 2024 con fondos públicos”, indican los consejeros regionales.

En su conjunto, los firmantes afirman que las conductas descritas configuran una transgresión directa al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 8° de la Constitución, en la Ley N°18.575 y en la Ley N°19.175. “Se verifica [...] la utilización de fondos públicos hacia fines personales y político-electorales, configurando una contravención grave al principio de probidad”.

Así, al final se pide declarar “la cesación en el ejercicio del cargo de Gobernador Regional de la Región Metropolitana de Santiago de don Claudio Benjamín Orrego Larraín, por haber incurrido en notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa”.

Será ahora el Tricel quien deberá resolver si los antecedentes reunidos —y sustentados en informes oficiales del órgano contralor— son suficientes para declarar la cesación en el cargo del gobernador Claudio Orrego.