Solo horas restaban del segundo gobierno de Michelle Bachelet en 2018, cuando la mandataria ordenó que se concretara el cierre de Punta Peuco, cárcel especial que alberga a violadores de derechos humanos del régimen. Pero esto finalmente no se concretó, ya que quien debía ejecutar el decreto, el entonces ministro de Justicia Jaime Campos, se negó tajantemente a hacerlo. “Yo cerré, di la orden. No se pudo. No me hicieron caso”, declaró años después la jefa de Estado.

A siete años de ese episodio, y a nueve meses de que termine el actual gobierno, el Presidente Gabriel Boric -en su última cuenta pública-, anunció un cambio a la calificación al recinto penitenciario en el que actualmente hay solo presos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Y si bien el Mandatario dijo que con esto se ponía “fin” a esta cárcel, tal y como la conocemos en la actualidad, la medida es en estricto rigor un cambio de decreto que le cambia el estatus de especial al de una cárcel común. Medida que, a juicio de algunos conocedores del plan, podría tener un efecto más bien acotado.

Casi al final de su discurso ante el Congreso este domingo, Boric dio la sorpresa y dijo que había instruido al Ministerio de Justicia “modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a personas según los requerimientos de Gendarmería”. Para, finalmente, rematar con: “no existe justificación para ese privilegio”.

El recinto de la discordia

Punta Peuco fue inaugurado en 1995. Desde entonces, el recinto que cuenta con seis módulos para 112 internos no ha tenido grandes variaciones. Actualmente, el penal, ubicado en la comuna de Tiltil, alberga a 139 internos, todos entre los 60 y 94 años de edad. La cifra revela una sobrepoblación del 124,1% de la cárcel.

Aquello sería precisamente lo que incidiría en el “verdadero efecto” que tendría el cambio de calificación del recinto a una “cárcel común”. La modificación permitirá que hasta esa cárcel Gendarmería pueda enviar a reclusos que han cometido otros tipos de delitos y no únicamente de lesa humanidad.

Sin embargo, el plan, según fuentes de La Tercera, no considera el traslado ni en el corto ni mediano plazo de los actuales inquilinos que habitan Punta Peuco hacia otras cárceles. Es decir, se seguirá ocupando como hasta ahora y, en la medida que se vayan desocupando plazas, la entidad penitenciaria podrá disponer de las mismas como estime conveniente.

Por eso algunos plantean que fue un anuncio más bien “simbólico” y en nada se compara con el verdadero “cierre” de un recinto de estas características, como sí se hizo con el Penal Codillera. El 2 de octubre de 2013, tras la conmemoración de los 40 años del golpe militar, fue el presidente Sebastián Piñera quien cerró definitivamente dicho recinto penitenciario que era un símil de Punta Peuco.

Puede ser que se amplíe

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que “no nos podemos dar el lujo de cerrar ningún establecimiento penitenciario”.

Consultado sobre si los actuales presos de Punta Peuco seguirán en el mismo recinto, sostuvo que “es lo más probable, porque de hecho tienen que seguir cumpliendo su condena y el objetivo nuestro no es cerrar ningún establecimiento, sino que, en este caso, cambiar la forma en que funciona Punta Peuco, pasar de un establecimiento penal especial a un establecimiento penal común”.

Pese a eso, afirmó que al convertirse en un penal común “va a tener que determinar Gendarmería si es posible aumentar la capacidad o no”. Sobre aquello, explicó a T13 tras la cuenta pública: “puede ser que se amplíe, porque quienes actualmente están presos allí generalmente una persona por celda, también porque en general son adultos mayores, entonces no se puede poner literas. Sin embargo, si es un establecimiento penal común, eso podría perfectamente aumentar la capacidad del establecimiento”.

Reacciones cruzadas

La primera en referirse a la medida anunciada por el Mandatario fue la propia expresidente Bachelet. Al término de la ceremonia recordó que “yo intenté hacer algo similar y no resultó. Así que a mí me parece que el Presidente tiene el derecho de tomar una decisión de esta naturaleza, siempre que se haga con todo el respeto que corresponde a todas las partes involucradas”.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, señaló que “vamos a ver si lo hace”, e ironizó que le parecía “un tremendo anuncio. Me imagino que a todos los chilenos les va a cambiar la vida”, para finalmente expresar que en la eventualidad de que salga electa, “la verdad es que no cuesta nada revertirlo”.

El senador Daniel Núñez (PC) afirmó a través de X que esto pone fin “al penal VIP de ‘Punta Peuco’ (...) Se acaban los privilegios a los violadores de derechos humanos. Será un penal común”. Opinión contraria a la del candidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), quien señaló que el Mandatario “primero habla de unidad y después avanza en su campaña de venganza contra las instituciones armadas y de seguridad de nuestro país. Gabriel Boric anuncia la violación de DD.HH. de adultos mayores y la oposición lo celebra. Con nosotros no”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, calificó la decisión como “absurda”, ya que “no es más que un saludo a la bandera en un momento en que la crisis carcelaria lo único que hace es llorar a gritos tener más penales”.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), calificó que la medida “no era un tema prioritario para el país”, opinión en línea con la del diputado Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “la propuesta más aplaudida por la izquierda dentro del salón fue el cierre de Punta Peuco. Es decir, que ha demostrado que las prioridades de la izquierda no tienen nada que ver con las prioridades de los chilenos“.