Justo cuando se han destapado casos de posible corrupción y narcotráfico en el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, la sala del Senado aprobó, este miércoles, el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno (SAIG), con lo que quedó en condiciones de ser promulgado y de ejercer su accionar sobre todos los organismos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden.

En lo concreto, el nuevo SAIG reemplazará la labor que actualmente se encuentra radicada en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), consejo asesor presidencial que no cuenta con atribuciones ejecutivas. Se transformará en un servicio legal y permanente y su trabajo complementará lo que hoy está realizando la Contraloría General de la República.

¿Cuáles son sus principales funciones?

Una de las principales tareas del SAIG será apoyar al Gobierno en la supervisión, previsión y prevención de irregularidades.

Además, deberá proporcionar evaluaciones “imparciales y objetivas” respecto del empleo de recursos públicos.

También, debe permitir que los servicios públicos adopten medidas preventivas para evitar irregularidades.

Finalmente, es un servicio complementario en la labor que realiza la Contraloría General de la República, generando un control interno y ex ante.

¿Cómo cambia al actual sistema?

En tanto, el SAIG incorporará una serie de mejoras al actual consejo que hoy está alojado en la Segpres.

Unas de estas mejoras son la consagración legal y nueva regulación. El SAIG será un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Además, tendrá nuevas funciones y atribuciones. Así, el servicio asesorará técnicamente al Presidente de la República y a los auditores internos. Adicionalmente, de forma excepcional, el Mandatario podrá solicitar al SAIG realizar auditorías a los órganos del Estado.

También tendrá dependencia técnica de la Contraloría. Esto significa que el SAIG ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con este organismo fiscalizador, respetando la dependencia técnica que tienen los auditores internos respecto de ella.

De esta manera, se consagra la Política de Auditoría General de Gobierno, que contiene lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos. Regirá por cinco años, pudiendo ser actualizada en la mitad de su periodo de vigencia.

El SAIG estará sometido al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, el personal del SAIG deberá guardar la absoluta reserva de la información y los documentos que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de los deberes de denuncia que le corresponde.

Finalmente, se fortalecen las unidades de auditorías internas. Se reconoce a la Red de Auditoría Interna, coordinada y dirigida por el SAIG. La red estará conformada por los auditores institucionales y los equipos de auditoría interna

¿Qué instituciones quedan excluidas al ámbito de control?

En tanto, tal como se mencionaba, las disposiciones del nuevo SAIG serán aplicables a los órganos de la Administración del Estado; las Fuerzas Armadas; y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

No obstante, quedan excluidas del ámbito de control la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas públicas creadas por ley e instituciones de educación superior de carácter estatal.

¿Cuándo se implementará?

En el plazo de un año, se deberá dictar un Decreto con Fuerza de Ley determinará que determinará la planta del personal del servicio, el traspaso de funcionarios desde la Secretaría General de la Presidencia y la iniciación de actividades del Servicio.

El director del servicio será elegido por Alta Dirección Pública.

“Es un avance sustantivo en el control interno”

Respecto de la aprobación del SAIG, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, señaló a La Tercera que “se inserta dentro de un ecosistema de control que coadyuvará en la labor que realiza la Contraloría General de la República, permitiendo que los servicios públicos adopten todas las medidas preventivas que sean pertinentes para evitar eventuales irregularidades”.

Asimismo, recordó que “todo lo anterior permite dar cumplimiento a una de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada, y además sitúa a nuestro país dentro de los estándares internacionales de la auditoría interna”.

También destacó “el hecho que una de las controversias que resolvió la Comisión Mixta fue acordar que las Fuerzas de Orden y Seguridad así como las Fuerzas Armadas quedarán sujetas al ámbito de competencia del nuevo servicio”.

Finalmente, Lobos aclaró que “el nuevo servicio se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, procediéndose al traspaso de las y los funcionarios que hoy están en la Segpres. El o la nueva auditora será elegida por Alta Dirección Pública, fortaleciendo el rol independiente y técnico de la auditoría general de gobierno”.