El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al uso de las querellas en el mundo político, a propósito de casos donde militantes de los partidos han interpuesto el recurso en causas que involucran a opositores.

En diálogo con Tele13 Radio, el fiscal fue consultado respecto a si “le preocupa a la Fiscalía que las querellas se utilicen como una herramienta política”.

Al respecto, Valencia afirmó: "Más que preocupar, nos incomoda y dificulta el trabajo“.

“Quizá uno de los rasgos donde hay más espacio de mejora en nuestro sistema de justicia penal es la cantidad de información que circula indebidamente en los medios acerca de investigaciones en curso y la cantidad de especulaciones en torno a la dirección de una investigación”, sostuvo.

El fiscal precisó que “el problema” de esas especulaciones, se radicaría en que, si no se llega “a concluir aquello que se plantea, que pareciera que fuera muy evidente, parecería que hubiéramos fracasado”, planteó.

En ese sentido, señaló que esto "no contribuye, no ayuda a que podamos trabajar, en el sentido libre de este tipo de injerencias o de intentos de presión".

Valencia señaló que en algunos casos se ha “constatado” que los querellantes que presentan su acción judicial, “prácticamente" les harían “peticiones a lo largo de la investigación“.

“Sin embargo, después de que se entregan copias a los distintos intervinientes, comienza a aparecer esa información en los medios”, indicó. De esa forma -señaló Valencia- comienzan las sospechas.

“Uno empieza a sospechar, razonablemente, que estas personas que aparecen como querellantes lo hacen con el objeto de obtener copias, los antecedentes, para luego filtrarlos a la prensa con el objeto de dañar la reputación de las personas contra las cuales se están querellando".

En ese escenario “comienzan a haber dos juicios paralelos”, sostuvo, explicando que se desarrolla “un juicio en los medios (...) y el juicio normal, que es el que importa que se produzca ante los tribunales de Justicia".

Valencia indicó que esto conlleva “un problema interno, que es que no existe un delito que sancione con claridad la situación del abogado que no es funcionario público y que le entrega estos antecedentes a la prensa, al menos penalmente, salvo en situaciones especiales”.