Seis meses.

Ese es el plazo que debe transcurrir para que la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, recién despachada esta semana por el Congreso, entre en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial.

La nueva norma legal, que se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público, fue aprobada el lunes en la Sala de la Cámara de Diputados, en tercer trámite, por 114 votos a favor y 0 en contra.

Así las cosas, la Fiscalía Supraterritorial, con jurisdicción a nivel nacional, que será “la especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación”.

Con la nueva regulación se crearán nuevos puestos en dicho organismo: 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto en régimen de $ 7.691 millones.

Pero no solamente la ley contempla la creación de dicha fiscalía que, por cierto, abre la búsqueda de un nuevo “zar antidelincuencia” que será la cabeza de dicha repartición. La nueva ley, que para el fiscal nacional, Ángel Valencia, es “la modernización más grande de la institución desde la Reforma Procesal Penal”, otorga nuevas atribuciones al jefe del Ministerio Público.

Nuevas facultades que no dejan tranquilos a todos, ya que transforman a su figura en un “todopoderoso”.

Nuevas atribuciones para el fiscal nacional

La propia ley señala que el nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, quien será designado por Valencia, será “de su exclusiva confianza y se mantendrá en su cargo mientras cuente con ella”.

Por ejemplo, en esas nuevas atribuciones que tendrá el fiscal nacional están poder impartir instrucciones “particulares” al fiscal supraterritorial, lo que hasta ahora no puede hacer con los fiscales regionales.

En otro artículo de la ley, el 37, se señala que el nuevo persecutor estará “obligado a obedecer las instrucciones particulares” del fiscal nacional, salvo que este estime que son instrucciones arbitrarias, vayan contra ley o contra ética profesional.

De ser así, el fiscal supraterritorial podrá presentar su objeción. Pero, “si la instrucción objetada incide en actuaciones procesales que no se pueden dilatar, el fiscal jefe supraterritorial deberá realizarlas de acuerdo con la instrucción mientras la objeción no sea resuelta”.

Será el mismo fiscal nacional quien acoja la objeción y modifique la instrucción. En caso de que no la acoja, el fiscal nacional asumirá la “plena responsabilidad” y el nuevo investigador deberá dar cumplimiento a lo resuelto sin más trámite.

Concentrar tanto poder no es bueno

El exfiscal nacional Sabas Chahuán valora la creación de la Fiscalía Supraterritorial, idea que, dice, él proponía cuando era el jefe del Ministerio Público desde 2009. Respecto a las nuevas atribuciones del fiscal nacional, como las del artículo 37 decies, Chahuán dice que es similar al artículo 44 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero con los fiscales adjuntos.

“Está bien el mecanismo, pero con la limitación de que, a diferencia de lo que ocurre con los fiscales adjuntos y regionales, se mantiene la posibilidad de que el fiscal nacional pierda la confianza porque le objetaron una instrucción y remueva al fiscal supraterritorial”, dice el letrado.

El exfiscal Rodrigo de la Barra, quien fuera persecutor jefe de las Fiscalía de Coquimbo y Las Condes entre 2000 y 2008, señala que concentrar tantas atribuciones en dos figuras no es bueno. “Una de las prohibiciones que tenía la regulación actual era que el fiscal nacional no podía interferir en casos particulares y eso era un resguardo. La ley orgánica tenía un control que en este caso desaparece. Me da susto que haya una especie de pacto de élite”.

“Es más conveniente tener el poder más atomizado el poder en distintos fiscales regionales, más disperso, creo que es mejor”, dice el abogado, quien también ha sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel en 2016 y 2020.

Quien sí está de acuerdo con estas atribuciones es el también exfiscal Pedro Orthusteguy. “Me parecen adecuadas las atribuciones y la gradualidad ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar los errores allí donde se cometieron”.

Asimismo, conocedores del sistema penal señalan a este medio que en la nueva ley hay “varias incongruencias” que van contra el espíritu de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El nuevo zar antidelincuencia

En los próximos meses, Valencia deberá elegir a quien ocupe este nuevo cargo, que tendrá asiento en Santiago. Pese a que la ley fue recién despachada esta semana, son varios los nombres que ya circulaban en el Ministerio Público; algunos, de fiscales en ejercicio.

De hecho, en la misma ley se señalan los requisitos para ocupar el cargo, dentro de los cuales están tener por lo menos 35 años, contar con título de abogado a lo menos por 10 años, y “contar con experiencia relevante en litigación en asuntos penales relacionados con crimen organizado o alta complejidad”.

Para Sabas Chahuán la figura del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial “debiera tener un mecanismo de nombramiento que generase una cierta independencia funcional respecto al fiscal nacional, similar a la que tienen los fiscales regionales y no el mecanismo que queda en la ley tal como salió del Congreso”.

“No me parece que sea adecuado, sobre todo si, eventualmente, el fiscal nacional estuviese cuestionado por razones políticas, de comportamiento o si tuviera vínculos con sectores políticos. Entonces, quedaría en entredicho la independencia del fiscal supraterritorial si depende de la confianza del fiscal nacional”, agrega el exfiscal nacional.

Por su lado, Rodrigo de la Barra agrega que este nuevo fiscal debiese ser alguien con “un compromiso de servicio público muy profundo y gente que no esté en el inicio de carrera que quiera instrumentalizar su cargo para una agenda futura. Y que haya demostrado en su historia no ser voluble al ego ni a la corrupción”.

“El perfil del nuevo fiscal jefe debiera ser un fiscal o exfiscal con al menos 10 años de experiencia, un litigante de alto perfil con una sólida base de juicio orales ganados, altísima motivación y fortaleza de carácter para sobrellevar las presiones”, dice Pedro Orthusteguy.

Sin embargo, puntualiza con que “la tentación del fiscal nacional será nombrar a alguien de su plana ejecutiva o alguien cercano, pero creo que sería un error estratégico”.

Quienes conocen el sistema penal, asimismo, señalan que el nuevo persecutor debería ya ser fiscal y “no llegar a aprender”, debido a que el trabajo con las policías “no es fácil” y este debiera ser “respetado” por las mismas en la solicitud de diligencias a lo largo de las respectivas causas que se le asignen.