En entrevista matinal con radio Duna este viernes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció como “un paso en falso” en la investigación a la fundación ProCultura, las escuchas telefónicas a la exesposa de Alberto Larraín, Josefina Huneeus, que la Corte de Apelaciones de Antofagasta calificó de ilegales.

La resolución del tribunal de alzada nortino fue refrendada en un fallo dividido de la Corte Suprema dado a conocer el pasado 3 de junio.

La medida intrusiva fue dispuesta por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al que Valencia apartó de la indagatoria cuando se conoció el fallo de la corte antofagastina.

“Se puede decir que es un paso en falso. Creo que cuando el debate en torno a la legalidad de una diligencia llega hasta incluso la Corte Suprema, tratar de minimizar la relevancia que eso puede tener para la imagen de la investigación, para, después el peso de los argumentos de los fiscales cuando pidan nuevas diligencias en la misma investigación, para la opinión de la comunidad respecto a la forma como ella se está llevando, la verdad es que no tiene mucho sentido tratar de minimizarla”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

La autoridad dijo que esto “no afecta el núcleo central” del trabajo que se ha realizado y garantizó que “la investigación del caso ProCultura goza de buena salud”.

Igualmente, Ángel Valencia hizo hincapié en que “las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público son del Ministerio Público, no están personalizadas, son investigaciones institucionales”.

“Las decisiones que tomamos las tomamos en función de tratar de asegurar el mejor éxito de la causa también y el interés institucional bajo el entendido de que hay un interés público comprometido en que la institución cumpla con sus fines. La presencia de una persona u otra dirigiendo la investigación no deberá ser el factor determinante para su éxito”, afirmó, al ser consultado por la salida de Cooper del caso.

El mandamás del órgano persecutor explicó que el fallo de la Corte Suprema manifiesta que la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que autorizó las escuchas “no contiene suficiente fundamento”.

“Nosotros no compartíamos esa decisión, nosotros creíamos que se ajustaba a derecho, pero al final del día lo que está planteándose es que no tenía suficiente fundamento y que se habría estado interceptando el teléfono de una persona que no era inequívocamente imputada”, apuntó, indicando que plantearon sus argumentos, obteniendo un resultado desfavorable en el máximo tribunal y “el fallo que cumplirlo”.

En esa línea, admitió que hubo un aprendizaje.

Valencia destacó que periódicamente en el Consejo General del Ministerio Público, que reúne a los fiscales regionales y la Fiscalía Nacional, la Unidad de Recursos Procesales expone los fallos más importantes y hay una asesoría jurídica “para que los fiscales adecúen sus procesos de seguimiento”.

“A veces cambian la jurisprudencia de los tribunales y hay que adecuarse porque la idea es que las investigaciones prosperen y no demos pasos en falso, de manera en que avancemos con diligencias que después nos invaliden y que puedan dañar una causa”, comentó.