Fue cerca de las tres de la madrugada del domingo cuando un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, lograron rescatar con vida exalcalde de Macul Gonzalo Montoya (ex-Comunes), quien se encontraba secuestrado.

La autoridad comunal, quien fue electo por dos periodos desde el 2016 al 2024, había sido víctima de un secuestro extorsivo por parte de una organización desde el jueves 26 de junio, día en el que se perdió todo rastro de su paradero. Eso, hasta que llamó a su hermana para pedir auxilio poco antes del mediodía del viernes, solicitando que juntara una millonaria suma, si no “lo matarían”.

A medida que avanzó la investigación, también se fueron destapando algunos aspectos que mantenía en privado, algunas conductas que -según fuentes consultadas por La Tercera- podrían abrir otras aristas y junto con ser víctima de un secuestro, la exautoridad de Macul pueda ser imputado por otros hechos.

Sin embargo, todo eso se mantiene en suspenso. Y es que pese a ser liberado en la comuna de Padre Hurtado hace más de 24 horas, previo pago de una suma menor a la que pidieron sus captores, el ingeniero no ha podido entregar su testimonio a la policía. Esto, ya que se encuentra internado en una clínica capitalina en “estado de shock”.

En paralelo, la PDI y el Ministerio Público trabajan intensamente para dar con sus captores.

Se complica el escenario

Mientras Montoya se encontraba retenido por una organización extranjera, integrada presuntamente por sujetos venezolanos y colombianos, algunos datos de su vida privada salieron a la luz. Un amigo confidenció al equipo policial que Montoya tenía una especie de “doble vida” y que eso podría ser el origen de su secuestro.

Sin ir más lejos, cuando el propio Montoya llamó a su hermana para pedir auxilio por estar secuestrado, le señaló -según testigos del caso- que “me van a matar, tienen fotos y videos míos con prostitutas colombianas, mujeres de vida alegre, hagan lo que les piden, consigan US$ 50.000″.

A esto se suma la declaración de otro amigo del exalcalde, quien afirmó que el político le habría comentado previamente que “se había metido a una juerga con colombianas, donde me grabaron en situaciones sexuales con menores de edad”.

Por lo mismo, ahora, según fuentes conocedoras del caso, la Fiscalía también trabaja en determinar si el exalcalde es imputado del delito de explotación sexual infantil al pagar por tener relaciones sexuales con menores de edad, y que constituye el delito de prostitución infantil. Ilícito que contempla penas que van desde los 5 a 15 años de cárcel.

¿De dónde es la plata?

Pero junto con eso, hay otro antecedente que no pasó desapercibo ni para captores ni para investigadores.

Se trata de altas sumas de dinero que maneja la exautoridad en su domicilio. En medio de las pesquisas, la PDI detectó que mantenía fajos de dinero en efectivo, lo que levantó más de una sospecha en los persecutores. Por eso es vital, dicen conocedores de la causa, que Montoya declare y explique varias cosas que aún no tienen explicación.

En esa línea, el Ministerio Público y la PDI también ahora seguirían una arista para conocer el origen de ese dinero, para poder determinar si este es de tipo lícito o no.

Búsqueda que cobra mayor importancia cuando se trata de una persona que ostentó, por tanto tiempo, un cargo público y estuvo a cargo de las arcas fiscales de una comuna.

El silencio de Montoya

Durante las últimas horas, según dio a conocer 24 Horas de TVN, el exalcalde fue internado en “estado de shock” en la Clínica Bupa de La Florida, donde estaría siendo tratado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) producto de su estado de salud.

Según relataron familiares al citado medio, Montoya además de tener un aparente daño psicológico a raíz del caso, también tiene golpes y quemaduras en todo su cuerpo. Signos de la tortura a la que habría sido sometido durante sus días de cautiverio.

Por lo mismo, según quienes conocen de la investigación, el exalcalde aún no ha prestado declaración ante la Fiscalía, dado el estado en el que se encontraría y que le impediría entregar un relato sobre lo sucedido, tanto a su familia como a los investigadores.

Esto corresponde a una diligencia clave, no solo para poder indagar quiénes lo secuestraron y pidieron a cambio una millonaria cifra para dejarlo libre, sino que también para que sea el propio exalcalde quien despeje todas las dudas que saltaron al revelarse sus vínculos con grupos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual infantil, conducta que lo habría puesto en el foco de la banda que lo secuestró.