A más de dos meses del accidente marítimo que involucró al buque industrial Cobra, de la empresa Blumar, y a la lancha artesanal Bruma, siete pescadores continúan desaparecidos y sus familias denuncian falta de respuestas, demoras en la investigación y posibles conflictos de interés entre autoridades y la empresa involucrada.

En una entrevista con La Prensa, Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera del Maule y vocera de los familiares, desliza que hay antecedentes que indicarían un intento de encubrimiento por parte de actores institucionales y privados.

“Nos advirtieron que Blumar financió campañas políticas y que almirantes terminan trabajando en esa empresa”, expresó.

En esta línea, Urrutia también cuestionó el actuar del Ministerio Público, señalando que “la fiscal Cartagena es muy amiga y comadre del abogado que representa a Blumar, Alejandro Espinoza”.

Asimismo, aseguró que “hay poderes fácticos que están relacionados” con Blumar.

“La Fiscalía no está cumpliendo con su deber”, señaló la vocera de las familias de los pescadores.

Según Urrutia, la Bruma se encontraba fondeada dentro del área de pesca artesanal —dentro de las 5 millas desde la costa— cuando fue colisionada, expresando que “nos dimos cuenta de inmediato que algo grave había pasado. La lancha tenía antena Starlink, pero desde la madrugada del 30 de marzo no hubo más señal”.

“A las 4:30 a. m. del 3 de abril accedí al sistema del Servicio Nacional de Pesca y encontré que el único barco que coincidía en tiempo, dirección y velocidad con la posición de la Bruma era el Cobra”, explicó.

En tanto, respecto de las pericias actuales, la vocera denuncia retrasos injustificados y pone en duda la imparcialidad del proceso.

“La defensa de Blumar está tratando -en su estrategia- de endosar responsabilidad a la tripulación de la Bruma, que habría actuado de mala forma. Nosotros tenemos las pruebas para decir que se cumplió absolutamente con toda la normativa vigente”, sentenció.