Imagine que la salud de los padres la pagan sus hijos. Hoy son cuatro hijos por padre. En 2050 serán dos: la cuenta de cada hijo se duplica. En 2070 habrá uno solo: se cuadruplica. Es lo que le espera a Chile. Cuando una fracción decreciente de población activa debe financiar la salud de una proporción cada vez mayor de adultos mayores, se genera una severa presión fiscal. Es el conocido problema de los sistemas de reparto en pensiones, que también opera en el financiamiento público de la salud. ¿Cómo enfrentarla? Propongo prefinanciar el gasto de salud de la vejez mediante un sistema de ahorro en base a cotizaciones sobre el consumo.

Según el INE, hoy un 14% de la población tiene más de 65 años, proporción que se duplicará al 2050 y se triplicará al 2070. A ello se suma que el costo fiscal per cápita de la salud de los adultos mayores es 2,5 veces el promedio del resto. Esta combinación de envejecimiento y mayor costo per cápita es una bomba de tiempo fiscal: hacia 2050, el gasto público en salud asociado al envejecimiento podría aumentar entre tres y cuatro puntos porcentuales del PIB, según el CEP (2026) y la Dipres (2026), respectivamente. Y esa cuenta seguirá subiendo.

Cuadrar esa cuenta mañana exigiría imponer una carga creciente y onerosa a nuestros hijos, lo que resulta intergeneracionalmente injusto y probablemente políticamente inviable. Pero no hacer nada implica incurrir en enormes déficits fiscales financiados con deuda, otra forma de traspasar el costo a las generaciones futuras. Para dimensionarlo: ¿cuánto sube la deuda si, desde hoy, tuviéramos tan solo un punto porcentual más de déficit fiscal permanente? Unos 25 puntos del PIB hacia 2050.

¿Qué hacer? Ahorrar hoy para financiar mañana nuestra salud en la vejez, con una cotización obligatoria a cuentas individuales, como en pensiones. Ante una población que envejece, un sistema basado en el ahorro es sostenible porque no depende de la relación contemporánea entre la población activa y los adultos mayores: cada generación acumula anticipadamente recursos para su propia vejez. Por lo mismo, un esquema de ahorro es justo entre generaciones, mientras que uno de reparto no.

Propongo que esta cotización adicional se haga sobre el consumo —usando la misma base del IVA— y no sobre los salarios, como en pensiones. Se trata de aumentar gradualmente la tasa y destinar íntegramente la recaudación adicional a cuentas de ahorro individual para cofinanciar la salud futura bajo una lógica de seguros. Ello contribuiría a la sostenibilidad fiscal y a la justicia intergeneracional del sistema. Además, aumentaría el ahorro nacional, favoreciendo el crecimiento económico.

¿Por qué consumo y no salarios? Por dos ventajas. Primero, no encarece un mercado laboral debilitado. Segundo, actuar sobre el consumo asegura que todos aporten y no solo los trabajadores formales: no todos tenemos un trabajo formal, pero todos consumimos.

Si todas las transacciones fueran digitales, la cotización por consumo de cada individuo podría ir automáticamente a su cuenta de ahorro. Pero no estamos ahí. Una alternativa simple —y progresiva en términos redistributivos— es dividir la recaudación total en partes iguales entre las cuentas de los mayores de 25 años y entregar esa misma parte a los ya jubilados. Como quienes más consumen aportan más, se produce una transferencia intrageneracional hacia las cuentas de los sectores más vulnerables, que consumen menos. Ello neutralizaría la crítica de regresividad asociada al IVA y facilitaría la aceptación social del esquema.

Al jubilar, los recursos acumulados en la cuenta individual servirían para financiar la prima de un seguro universal de salud para la vejez. Este seguro sería ofrecido competitivamente por el sector privado y el Estado. Reunir a toda la población mayor en un mismo seguro permitiría mutualizar riesgos y aprovechar ganancias de eficiencia que contribuirían a contener costos.

Bajo supuestos razonables, tras una trayectoria laboral completa, cada punto de cotización por consumo permitiría generar una mensualidad cercana a 2 UF para aportar al pago del seguro. Dado el mayor gasto fiscal futuro asociado a la salud de la vejez, una estimación gruesa es que, en régimen, se requerirían seis puntos adicionales de tasa (2,7% del PIB). Sin duda, una magnitud importante. Pero no hay almuerzo gratis: el esquema no crea un nuevo costo, sino que anticipa uno que enfrentaremos mañana. Y si no fuera posible alcanzar esa tasa, cualquier aporte intermedio ayudaría a aliviar la presión fiscal.

Naturalmente, esta es una propuesta gruesa, con complejidades por resolver, incluidas la transición y varios parámetros por definir. Pero la invitación es clara: pensar en un esquema de ahorro para empezar a desactivar la bomba de tiempo fiscal en salud, cuya presión solo crecerá. Algunos dirán que es una mercantilización de la salud. Nada de eso: es simplemente reconocer que tenemos un pasivo creciente que debemos prefinanciar. La sostenibilidad fiscal lo exige. La justicia intergeneracional también.