En el reciente Foro Madrid celebrado en Santiago, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, afirmó que la “doctrina Donroe” es diferente en cada país, que “los embajadores estamos empoderados para implementarla según se ajuste en cada país” y que “lo genial de esto es que cuando tenemos administraciones como la del Presidente Kast, se vuelve algo muy fácil”. Un diputado republicano respaldó los dichos. El Gobierno respondió que el embajador puede señalar lo que estime conveniente y que no les correspondía comentarlo.

Nueve meses antes, por declaraciones bastante menores del mismo embajador, la Cancillería chilena había enviado una nota formal de protesta. Esta diferencia en las reacciones muestra un problema de fondo, referido a la pérdida de lo que debería ser una práctica de Estado de mostrar firmeza ante acciones que afecten de alguna forma la soberanía y dignidad de la nación.

Conviene recordar momentos de nuestra historia cuando esa práctica de Estado aún operaba. En junio de 1954 había caído el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, derrocado por una expedición armada organizada desde el exterior, con respaldo del Departamento de Estado y con la United Fruit Company de por medio. Hubo protestas en Chile. El 4 de julio, en el aniversario de la independencia de su país, el embajador Willard Beaulac respondió dividiendo a sus críticos chilenos en dos grupos. De unos dijo que eran ingenuos y engañados, gente de mente simple sin discernimiento. De los otros, que eran demagogos que voceaban la línea comunista sabiéndola falsa y que al mentirle al pueblo lo traicionaban.

Un embajador calificó a los partidos del país donde estaba acreditado, y eso bastó.

El Senado le dedicó buena parte de su hora de incidentes en la 13ª sesión ordinaria del martes 13 de julio. Hablaron el conservador Juan Antonio Coloma Mellado, abuelo del exsenador y bisabuelo del exdiputado del mismo nombre, el liberal Raúl Marín Balmaceda, el radical Raúl Rettig, el falangista Eduardo Frei Montalva, el ibañista Guillermo Izquierdo y el socialista Eugenio González Rojas. Coloma dijo que no aceptaban la intervención del embajador y que la consideraban imprudente, dejando constancia expresa de que no compartía en nada el fondo de lo que sostenían sus adversarios. Frei dijo que de los ciento sesenta millones de norteamericanos el único que no podía venir a darnos lecciones de ese orden era, precisamente, el Embajador. Eugenio González advirtió que quedaríamos expuestos a que el procónsul de cualquier imperialismo se considerara con derecho a señalarnos la pauta de nuestra política.

Sin duda que lo que reunía a todos esos parlamentarios no era una lectura común sobre Guatemala, sobre la cual discrepaban por completo, sino algo más elemental, la convicción de que un embajador extranjero no podía convertirse en actor de la disputa política chilena. Al cerrar, Frei recordó ante la Sala el cable que el expresidente Arturo Alessandri Palma le había enviado años antes al subsecretario Sumner Welles cuando éste buscó el apoyo de Chile mediante veladas amenazas. “Amigos sí, vasallos no”. La fórmula ya era, en 1954, una tradición que se podía invocar.

Se dirá que aquello era otro mundo, que había Guerra Fría y bloques, y que hoy la presión es distinta. Pero en 1954 los incentivos para aceptar la tutela eran incomparablemente mayores. Chile mantenía proscrito al Partido Comunista desde 1948 por la Ley Maldita, y la derecha chilena tenía entonces vínculos estrechos y bien documentados con Washington. Podían ser ferozmente anticomunistas y, al mismo tiempo, considerar inadmisible que un embajador estadounidense interviniera en la política doméstica. Es exactamente esta distinción clave la que pareciera que se ha perdido.

¿Por qué se perdió esta tradición republicana? Consideramos que la respuesta está en causas que van más allá de la afinidad ideológica del gobierno de turno. La autonomía diplomática de un país descansa sobre su autonomía material. Chile podía discutir ferozmente qué hacer con su economía porque existía una institucionalidad, la CORFO entre otras, construida sobre el supuesto de que las decisiones fundamentales sobre industria, energía y recursos se tomaban dentro de la república. Conservadores, radicales y socialistas peleaban por el contenido de esas decisiones, pero todos coincidían en que eran nuestras. Osvaldo Sunkel llamó al proceso inverso, en un ensayo de 1971, ‘capitalismo transnacional y desintegración nacional’, la integración de ciertos segmentos de la sociedad a circuitos globales a costa de la cohesión del conjunto. Y es que cuando las decisiones sobre inversión, tecnología y regulación se trasladan a instancias extranacionales, la soberanía deja de ser una premisa compartida y pasa a ser un tema entre muchos otros.

Tras décadas de un consenso liberal cosmopolita, Chile dejó sin desarrollar sus capacidades productivas sofisticadas. Pero también se perdió otro elemento, quizás más importante, como lo ha sido el consenso transversal sobre la conexión entre la soberanía política y productiva de la nación. Ese consenso que hoy tanto EEUU, como la UE, están volviendo a forzosamente construirlas por la propia realidad de una economía asiática que (precisamente por tener ese consenso arraigado firmemente en su estructura política desde hace décadas), ha logrado competirles en todos los rubros tecnológicamente claves del presente.

De todas maneras, conviene no idealizar 1954. Ese límite duró poco. Menos de veinte años después, buena parte de esa misma derecha buscó activamente la intervención estadounidense contra el gobierno del Presidente Salvador Allende y celebró la dictadura que la siguió. El episodio de Beaulac no prueba que hubo una edad de oro republicana, ni mucho menos. Pero sí prueba algo quizás más modesto, que alguna vez existió un límite que era necesario respetar en público. Y ahí aparece una paradoja que la derecha chilena no ha resuelto en voz alta, y es que su soberanismo se formula contra los organismos multilaterales como la ONU, contra los tratados ambientales y contra la migración, pero se organiza desde foros y familias políticas internacionales cuya lógica es la que el soberanismo clásico rechazaba.

De ahí que la pregunta pendiente no sea si la derecha chilena es soberanista. Varios de sus dirigentes lo declaran y no hay razón para dudar de su sinceridad. La pregunta es qué queda de la soberanía cuando un embajador extranjero puede anunciar que Chile ya aplica la doctrina de su país y el Estado no siente la necesidad de contradecirlo. Un aliado es un aliado precisamente porque sigue siendo extranjero. Cuando esa distinción se borra, el asunto deja de ser de política exterior y pasa a ser de régimen. Amigos sí, decía el cable de Alessandri Palma. Es la segunda mitad de la frase la que hoy no tiene quien la sostenga.

Por José Miguel Ahumada, académico Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, Rumbo Colectivo y Pablo Rebolledo, sociólogo, Rumbo Colectivo.