A 9 meses del fin del gobierno del Presidente Gabriel Boric, son muchos los avances en materia de salud, pensiones, seguridad y crecimiento, entre otros. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda informó durante el mes de abril que no se presentará el proyecto de ley de Impuesto a la Renta, extendiendo la deuda que la política fiscal tiene con los objetivos a largo plazo de Chile.

El sistema tributario actual no recauda lo suficiente para sostener y fortalecer al Estado para el financiamiento responsable de la expansión de derechos sociales y la inversión en políticas de crecimiento. Según la OCDE, en 2023, la recaudación tributaria fue cerca de 21% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE alcanzó cerca del 34%. Incluso al considerar cotizaciones obligatorias privadas, la diferencia sigue siendo de 8 puntos del PIB. Esta baja recaudación limita gravemente la capacidad estatal para entregar seguridad social, económica y pública.

Además, el sistema actual se cataloga como regresivo: cerca del 50% de la recaudación proviene del IVA, un impuesto a la renta que afecta proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos. Mientras que el 0,01% de los contribuyentes más ricos pagan una tasa efectiva, considerando IVA y renta, cercana al 11%, inferior a la del 50% más pobre, que paga en promedio un 16%, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda.

En esta línea, desde Rumbo Colectivo creemos que Chile necesita una reforma tributaria progresiva, eficiente y sostenible, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal en al menos 5 puntos del PIB. Para ello, creemos necesario generar devoluciones de IVA a hogares vulnerables para mitigar su carácter regresivo, compensado con un aumento progresivo del impuesto a la renta; establecer impuestos a la primera distribución de dividendos y al patrimonio del 0,1% más rico; implementar un impuesto corporativo mínimo del 15% sobre utilidades financieras; simplificar el régimen general de impuesto a la renta de grandes empresas a través de la desintegración; y eliminar el secreto bancario para fines tributarios. Además, debemos fortalecer los impuestos ambientales, alineando su diseño con el costo social del carbono, como parte de la transición hacia una economía verde.

América Latina es la región más desigual del mundo: mientras unos pocos acumulan fortunas, millones luchan por llegar a fin de mes. Esta injusticia no es inevitable. Necesitamos soluciones globales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional para frenar los abusos fiscales de las grandes fortunas, y alianzas con organizaciones, como OXFAM e ICRICT, para exigir que los más ricos paguen lo justo. La justicia fiscal no es tecnicismo: es el primer paso para construir sociedades más dignas.

Por Tomás Leighton, director ejecutivo Rumbo Colectivo