En Chile, los cuidados paliativos no solo son legales, son un derecho. El Estado reconoce que las personas con enfermedades graves o terminales deben recibir alivio del dolor, acompañamiento y apoyo en el final de la vida.

Sin embargo, según datos de una reciente encuesta de Criteria y Fundación Casa de Familia, no se está resolviendo lo esencial: que los cuidados paliativos se reconozcan socialmente como un derecho y lleguen a tiempo a quienes los necesitan.

Esto se vuelve cada vez más relevante en un país que envejece aceleradamente. Hoy, la población que tiene más de 65 años es el doble en comparación con la de 1990, y la esperanza de vida se empina sobre los 80 años. Vivimos más, pero convivimos por más tiempo con enfermedades crónicas y procesos de final de vida más largos y complejos.

Por lo mismo, más allá de si existe o no la intención gubernamental de terminar con el programa de cuidados paliativos universales, como sugería recientemente el oficio del Ministerio de Hacienda, lo relevante es poner en discusión cómo el Estado está mirando el problema, y lo poco que este tema aparece en la conversación pública.

Los datos del estudio ayudan a ese debate. Un 71% de las personas ha escuchado hablar de cuidados paliativos, pero solo un 44% dice entenderlos bien y apenas un 48% sabe que existe una ley que los garantiza universalmente. Este desconocimiento aumenta en los segmentos de menores ingresos que, además, en un 64% no sabrían a dónde acudir si un familiar los necesitara. El derecho existe, pero para muchos pareciera que sigue siendo abstracto.

Por otra parte, cuando se mira el fondo del asunto, la ciudadanía tiene bastante claridad sobre cómo enfrentar una enfermedad terminal. Un 83% cree que, frente a esta, es más importante priorizar la calidad que el tiempo de vida. Un 74%, en tanto, considera justificable aliviar el dolor, incluso si eso implica reducir la conciencia del enfermo.

Existe, entonces, una distancia entre lo que las personas creen, lo que necesitan y lo que efectivamente pueden hacer cuando enfrentan una situación de este tipo.

Visto así, el tema no es solo sanitario, sino también político. Porque no se trata únicamente de garantizar un derecho en el papel, sino de asegurar que ese cuidado llegue efectivamente cuando más se necesita. En un país que envejece y enfrenta procesos de muerte cada vez más largos, los cuidados paliativos no son un programa más, sino parte de la capacidad del Estado de responder a una necesidad social que ya está instalada.

En el fondo, todo indica que la sociedad está cambiando la manera en que mira la última etapa de la vida y cómo quiere enfrentarla.

Por eso, junto a la discusión presupuestaria, los cuidados paliativos obligan a preguntarnos si las instituciones públicas y privadas están siendo capaces de leer y adaptarse a tiempo a cómo las personas eligen vivir sus últimos días. Porque cada vez más personas buscarán expresar de manera consciente y anticipada su voluntad sobre el final de la vida.

Por Cristián Valdivieso, director de Criteria