El FES, proyecto de ley que crea un impuesto a los graduados no está en un buen momento y ha sido ampliamente criticado. La herramienta de presión del gobierno para conseguir su aprobación, la supuesta solución al problema del CAE (que ellos mismos contribuyeron a empeorar gravemente) es cada vez menos efectiva.

La Universidad Católica emitió un informe contundente que, si bien revisita argumentos que ya se habían dado en el debate público, representa a la fecha la más clara y dura posición institucional contra el proyecto. La Contraloría General de la República le puso tope a la “contabilidad creativa” del FES: el Ministerio de Hacienda quedó obligado a reconocer que el proyecto no solo no es “autocontenido”, sino que implica un enorme gasto público que no se puede esconder. En un seminario realizado en el Senado, solo dos de casi 20 presentaciones fueron de apoyo al proyecto, y ambas provinieron del equipo asesor contratado por el mismo Mineduc. Consultada sobre el tema, la candidata presidencial del oficialismo reconoció que el proyecto, como está, no puede avanzar.

La semana pasada, el Consejo de Rectores (CRUCH) recibió del Mineduc una propuesta de cambios al proyecto. Curiosamente, el documento poco tiene que ver con el FES: la esencia de la contrapropuesta son promesas para contener las pérdidas económicas que les genera a las universidades el diseño deficitario de la gratuidad. Lo que llama la atención es que el FES es, en su base, una extensión de este diseño (fijación centralizada de precios y vacantes, prohibición del financiamiento privado) que generará, en el corto plazo, los mismos problemas. El gobierno trató de convencer al CRUCH que la cura para el déficit de la gratuidad es el déficit del FES, y varios asintieron. Afortunadamente, hubo universidades del CRUCH que disintieron públicamente de validar esta fórmula. Si conseguir el espaldarazo de un grupo de universidades a cambio de fondos basales era la estrategia que permitiría ejercer presión sobre el Senado, esta falló.

Entonces, ¿a qué juega el gobierno? Desde agosto que el Mineduc viene prometiendo cambios al proyecto, y a la fecha no hay nada concreto. De los pocos ajustes que se le propusieron al CRUCH, ninguno toca el impuesto a los graduados, en el que el 40% de los beneficiarios terminarían pagando más que lo que el Estado gastó en ellos. Se mantiene la fijación de aranceles en un sistema altamente heterogéneo, afectando la autonomía, la calidad y la sustentabilidad de las instituciones de educación superior. Se mantiene la fijación de vacantes. En otras palabras, no modifican nada de lo esencial y realmente problemático del proyecto. ¿Es esto una apuesta por sacar el proyecto por cansancio?, ¿se pretende entretener al Senado con falsas concesiones hasta encontrar una ventana política para avanzar sin transar? ¿Hasta cuándo tolerará la Comisión de Educación el chantaje con la supuesta condonación del CAE?

Lo que debe concluir el Congreso es que el Mineduc ya dejó claro que está dispuesto a retocar, esconder, disimular y maquillar su impuesto a los graduados, pero jamás a modificarlo.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar