Es un frío viernes de invierno en Puerto Montt, allá por el año 2017. El diputado y candidato presidencial José Antonio Kast está junto a una multitud concentrada en torno a un bus de color naranjo, bajo el lema “apoyando al Bus de la Libertad, las familias de Chile defendemos a nuestros niños”. La protesta de la que participaba era parte de la campaña “Con mis hijos no te metas” (Cmhntm), que reunía a sectores conservadores que se oponían a currículums escolares que incluyeran lo que denominaban “ideología de género” o a cualquier iniciativa en pos de los derechos de personas Lgbtq+. La premisa ideológica era que el Estado no podía reemplazar a los padres en la formación de temas “valóricos” a los niños, incluso si estos conocimientos fueran capaces de prevenir o alertar situaciones de vulneración de sus derechos. Menos Estado, más familia.

Como pie de página, uno de los autoproclamados líderes del movimiento Cmhntm, un pastor evangélico peruano, fue denunciado por su propia hija por violación. “Cuando quedé embarazada tenía 12 años, ni siquiera sabía qué era un embarazo, porque como no estudiaba, no sabía nada de educación sexual”, señaló a un periodista al momento de realizar la denuncia.

Adelantémonos casi una década. Ahora la escena es la del Presidente de la República, quien durante un acto en un centro cultural de Villarrica, se acerca a las vallas de seguridad y comienza a saludar a personas que están ahí aglomeradas. En eso, le extiende la mano a un niño y este no se la da. Eso basta. El rostro del presidente cambia. En vez de actuar como un adulto que entiende su rol, el presidente decide enfrentar al niño. En un evidente estado de irritación, le desea “ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación” —una forma ingeniosa de decirle “maleducado”—, y le recuerda que “lo cortés no quita lo valiente”. Luego gira su mirada hacia la mujer que está detrás de él y le pregunta insistentemente si es la madre. La incomodidad y el descontrol del presidente son evidentes.

Se aleja por unos segundos, pero vuelve con más ímpetu. “Para que nunca más lo traigan para acá a hacer estas cosas, porque a usted tampoco le interesa estar acá. Usted debería estar en su casa, estudiando, trabajando”. Tras un breve e infructuoso diálogo con quienes eran claros detractores del gobierno, vuelve a ir contra el niño, rematando irónicamente: “Lo siento por usted, joven, y ánimo, fuerza y fe. Nunca se deje intimidar. Que su mamá no lo use a usted. Nunca”.

La máxima autoridad del Estado, de 60 años, en un par de minutos, le dice a un niño de menos de 10: 1) que es un maleducado; 2) que a él en realidad no le interesa estar ahí; 3) que debería estar en su casa estudiando o hasta trabajando (si, trabajando); 4) que siente lástima por él, y 5) que se cuide de su madre.

En 2017, Kast, mientras protestaba, exigía respetar la opinión de quienes pensaban distinto, llamando intolerantes a quienes se oponían a las ideas que el famoso bus naranjo promovía. Ahora, una ciudadana y su hijo, ejerciendo esa misma libertad, se transforman en una amenaza por manifestar su opinión y son reprochados por el jefe de Estado por interrumpir “un acto donde está toda la gente feliz”.

Hagamos un ejercicio. Imaginemos que en una actividad de una escuela pública un apoderado llega junto a su hija a plantear un reclamo al profesor por enseñar sobre métodos anticonceptivos. El profesor -en vez de dialogar y buscar puntos de encuentro- le responde que no debería estar “usando a su hija”, para luego sermonear amenazantemente a la niña sobre su actuar, finalizando con una frase de consigna política. Todo queda registrado en un video y se hace viral. ¿Cuánto tardaría el sector político del Presidente Kast en pedir su desvinculación? ¿Cuántas columnas sobre adoctrinamiento o sobre la libertad de los padres para educar tendríamos? La respuesta la conocemos.

En contraste, estos días volvió a circular otro video. Un niño le dice al expresidente Boric, durante su mandato, que a su abuela le cae mal. “Tiene todo el derecho a expresarlo”, le responde. A un niño se le puede contestar así. La brutalidad, entonces, no viene del sillón presidencial, sino de quien lo ocupa.

En una semana marcada por el uso de la niñez para fines políticos, no deja de sorprender que la máxima autoridad del Estado no asimile lo imprudente —si no violento— que es tratar a un niño así.

Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.