La evolución del crimen organizado en el país ha superado cualquier cálculo previo, acercándonos a un punto de inflexión. No enfrentamos solo un aumento de la delincuencia, sino una transformación de la morfología criminal que amenaza con disolver el pegamento esencial de cualquier nación: la confianza y la cohesión social.

El escenario es crudo. El lenguaje lo dice todo: forman parte de nuestras expresiones cotidianas palabras como sicariato, extorsión sistemática, “delivery” de drogas, corrupción institucional, lavado mediante criptomonedas y lo más reciente, la infiltración en instituciones financieras. Es una realidad que repetimos, pero cuyos efectos aún no logramos procesar. Las autoridades han ido reaccionando con creciente –aunque tardía- intensidad, mientras el ciudadano observa con impotencia cómo barrios enteros de poblaciones marginales han cambiado su dinámica. La aparición de pandillas que ofrecen a los jóvenes un futuro de “emoción y vértigo” no es casual y tiene un efecto pernicioso, pues –sin querer queriendo- busca sustituir al Estado y a la familia.

Uno de los efectos más devastadores de esta expansión es la consolidación de la narcocultura (voz nueva también), como modelo de éxito social, que compite con el sistema escolar, presentando el dinero fácil y el poder violento como alternativas superiores al esfuerzo educativo. Eso explica la deserción escolar que crece en las zonas más vulnerables. Cuando un joven percibe que el aula no garantiza movilidad social, mientras la organización criminal le ofrece estatus inmediato, el interés educacional se rompe. La escuela deja de ser una opción y el vacío es llenado por estructuras delictivas que utilizan a los menores como soldados.

Ante esta complejidad, soluciones simplistas como la “mano dura” aislada no tienen resultados efectivos. Aumentar penas o militarizar regiones sin una reforma judicial y policial profunda, sin una renovación sistémica de la persecución penal, no es suficiente ni eficaz. Tampoco lo es ocuparse del problema de la infraestructura carcelaria sin cambios radicales del régimen penitenciario, incluyendo mecanismos reales de reinserción, ya que convierte a los recintos en centros de operación criminal, como está ocurriendo.

Más aún, la verdadera batalla no es solo policial: es social, es moral.

Traspasar toda la responsabilidad a la autoridad es ingenuo cuando es el tejido social el que está en peligro: nuestros valores, nuestra educación y nuestra capacidad de vivir en comunidad. El crimen organizado actúa como una mancha de aceite que se expande en silencio, corroyendo los cimientos del país. La supervivencia de nuestra cohesión nacional exige unidad política, sin caudillos ni partidismo, convergencia en programas acordados y, sobre todo, una ciudadanía activa que reclame su espacio. Necesitamos una mirada de la seguridad dentro del Estado de Derecho democrático, esto es, bajo instituciones sólidas, reglas conocidas y con raíces en la gente. Lo que está en juego es la integridad misma de nuestra sociedad frente a un enemigo irredento.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario