Los incendios no son un fenómeno inevitable ni una simple consecuencia del clima. Son una tragedia humana, productiva y, cada vez con más claridad, un riesgo país.

En solo una semana, el sur de Chile ha vuelto a enfrentarse a un escenario devastador. Según el último balance oficial de Senapred, la emergencia deja más de 20 mil personas damnificadas, más de 800 viviendas destruidas, 321 personas lesionadas y 21 fallecidos. Detrás de esas cifras hay familias que lo perdieron todo, comunidades desarraigadas y una sensación de vulnerabilidad que no se mide solo en bienes materiales, sino también en confianza y seguridad.

El impacto humano es inmediato, pero el daño productivo aparece casi en paralelo. Los incendios paralizan actividades económicas completas, interrumpen cadenas de suministro, obligan a evacuar zonas industriales y rurales, y afectan a empresas grandes, medianas y pequeñas. En regiones donde la actividad forestal, agrícola, logística e industrial es clave, cada día de emergencia implica empleos suspendidos, faenas detenidas y pérdidas que muchas veces no se recuperan en el corto plazo. No es casual que, en medio de la crisis, el foco haya estado puesto también en asegurar la continuidad de rutas y servicios básicos, precisamente para evitar un daño económico aún mayor.

La magnitud territorial del desastre ayuda a dimensionar ese impacto. Hasta el momento, la superficie afectada alcanza las 64.379 hectáreas, con 13 incendios considerados de gran magnitud.

Frente a una emergencia de esta magnitud, la reacción inmediata es evidente y necesaria: ayuda, coordinación y reconstrucción. La colaboración público-privada resulta indispensable para movilizar recursos, apoyar a las comunidades afectadas y permitir que las zonas dañadas vuelvan a ponerse de pie. Esa cooperación, cuando funciona, salva tiempo, reduce pérdidas y permite una recuperación más rápida y ordenada.

Pero sería un error quedarnos solo en la respuesta. Lo verdaderamente urgente es prevenir. Y aquí hay un punto que el país no puede seguir eludiendo: una parte relevante de los incendios no es accidental. No se trata solo de descuidos o negligencias, sino de episodios intencionales que terminan convirtiéndose en verdaderos atentados contra familias, trabajadores y empresas. Cuando el fuego es provocado, no estamos frente a una catástrofe natural, sino frente a un problema de seguridad.

Por eso, además de más recursos para el combate del fuego, se requiere algo menos visible pero igual de decisivo. Es urgente desarrollar inteligencia policial efectiva, investigación sistemática y sanciones ejemplares. Para esto es fundamental identificar quiénes están detrás de estos incendios, cómo operan y con qué objetivos, información clave para cortar un ciclo que se repite cada verano. Sin prevención real y sin persecución eficaz, la reconstrucción se transforma en un esfuerzo heroico, pero incompleto.

Chile no puede normalizar que, año tras año, el fuego se lleve vidas, hogares y actividad productiva. Ayudar a las zonas afectadas es un deber moral inmediato. Prevenir que estos incendios ocurran —con coordinación, inteligencia y decisión política— es una obligación de largo plazo con las familias, las empresas y el futuro del país.

*El autor de la columna es vicepresidente de Sofofa