El sistema procesal penal es la herramienta que posibilita la aplicación justa y eficiente del derecho penal, al tiempo que establece roles, funciones y mecanismos de coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la persecución penal. Dado que el derecho penal se ocupa de la criminalización de conductas que representan las formas más graves de perturbación de la convivencia social, entonces es fundamental implementar un marco procesal que facilite tanto la persecución efectiva como la sanción de los responsables en su ejecución. Esta necesaria adecuación es inherente a la transformación social y a las expectativas legítimas de los ciudadanos.

Un ejemplo de esta necesidad lo fue la reforma al modelo inquisitivo del Código de Procedimiento Penal de 1906, que se sustentaba en una estructura de poder medieval, que reflejaba un Estado en construcción y que lidiaba con el aislamiento y extrema pobreza de gran parte de la población y un tipo de criminalidad clásica. La reforma del 2000 buscó actualizar más de un siglo de obsolescencia jurídica, institucional y social, con el objetivo de lograr una persecución penal más eficiente y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Pese a su éxito como política pública, ya transcurridos 25 años, se han evidenciado debilidades frente a nuevos fenómenos delictuales. En la academia, hay consenso en que algunos de estos problemas requieren cambios en la gestión y cultura organizacional de las policías, tribunales y el Ministerio Público, mientras que otros demandan modificaciones legales que exigen efectivamente “repensar” las instituciones y adaptarlas a nuevas realidades.

El mayor desafío del sistema penal se relaciona con la adaptación a la transformación tecnológica y a la criminalidad compleja, particularmente en lo que respecta a la criminalidad organizada, narcotráfico, terrorismo y delitos económicos. La “criminalidad organizada”, a modo de ejemplo, representa un grave peligro para la democracia, las instituciones estatales y la paz social, caracterizándose por ser un fenómeno de delincuencia estructurada, organizada y disciplinada que, por su naturaleza, requiere operaciones en amplios territorios, con células que operan en diferentes regiones y países, asociadas a mafias y carteles locales. La infiltración y erosión de las instituciones públicas es parte de su estrategia criminal, y su necesidad de controlar territorios los lleva a involucrarse en actividades como la trata de personas, extorsiones y secuestros, al tiempo que contratan servicios para llevar a cabo delitos violentos.

En dicho contexto es imperativo que la institucionalidad se modernice, se flexibilicen las burocracias y se especialice a policías y fiscales del Ministerio Público, así como fomente la de coordinación investigativa a nivel nacional e internacional. Pese a ciertos avances en materia sustantiva y procesal, hay al menos 4 desafíos pendientes e imperativos: la creación de tribunales especializados en criminalidad organizada; la adaptación de la estructura del juicio oral a la complejidad de la prueba en delitos complejos; la mejora en la persecución del flujo de dinero proveniente del narcotráfico, lo que implica una mayor transparencia en el movimiento general del dinero (secreto bancario) e implementar un sistema de control eficiente al ejercicio del poder que sirva de contrapeso a la cesión de espacios ciudadanos. Aun así, el derecho penal siempre llega tarde. La tarea es esencialmente preventiva.

Por Gonzalo García Palominos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; docto en Derecho, Universidad de Friburgo