Chile se encuentra hoy ante un escenario económico externo claramente más favorable que el de los últimos años. Este cambio se explica por cuatro factores: primero, una menor percepción de riesgo global respecto de comienzos del año pasado, en donde destacaría la menor incertidumbre tarifaria (aunque esta no ha terminado del todo). Segundo, un crecimiento mundial estable y equilibrado entre economías desarrolladas y emergentes. Tercero, condiciones financieras relativamente favorables para las economías emergentes (tal como destacó el Banco Central en la última reunión de política monetaria). Y cuarto, mejores términos de intercambio, impulsados por un precio del cobre que se mantiene en niveles elevados (pese a la reciente corrección) y por precios del petróleo relativamente estables. Este último punto es probablemente el más relevante para la economía chilena, por su impacto positivo en el tipo de cambio, las expectativas empresariales, los ingresos fiscales, etc.

Además, la situación macroeconómica chilena se encuentra bastante ordenada: la inflación en torno a la meta, las brechas de actividad prácticamente cerradas, la política monetaria próxima a niveles neutrales y no enfrentamos shocks negativos significativos. Este equilibrio no es un punto de llegada, sino una condición habilitante para volver a pensar en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, las oportunidades externas y el equilibrio macroeconómico no se traducen automáticamente en mayor crecimiento. Para que ello ocurra, se requiere algo más que un buen entorno: se necesita ejecución.

En ese contexto, resulta relevante que el próximo gobierno haya puesto sobre la mesa una agenda orientada a reducir la permisología y generar incentivos tributarios para la inversión. No se trata solo de medidas de corto plazo, sino de señales estructurales para mejorar productividad, atraer capital y fortalecer el empleo. La inversión no responde únicamente a precios o tasas de interés; responde, sobre todo, a certezas institucionales.

Las expectativas comienzan a reflejar este cambio de clima. La Encuesta de Expectativas Económicas de enero muestra una mediana de crecimiento de 2,5% para este año, por sobre el 2% que se observaba a mitad del año pasado. En nuestro caso, proyectamos una expansión superior al 3%, apoyada en una recuperación más sólida de la inversión que impulsaría el empleo y, por ende, el consumo privado. Esto no es solamente optimismo entre economistas: el IMCE (indicador de confianza empresarial) subido desde 44,0 hasta 52,1 puntos, y el IMCE que excluye a las empresas mineras, de 42,4 a 49,4; por lo que el optimismo no es solamente en la industria minera, sino más bien generalizado. Los consumidores también muestran más optimismo: el IPEC ha mostrado un alza desde 36,1 en junio a 40,3 en diciembre.

El desafío, entonces, no es identificar la oportunidad, sino estar a la altura de ella. La oportunidad externa coincide con una renovada capacidad interna para ejecutar políticas proinversión. Si ambas dimensiones logran encontrarse, no estaremos frente a un simple rebote cíclico, sino ante la posibilidad concreta de reabrir una senda de crecimiento más alta y sostenible. Los diferentes actores de la economía estamos expectantes a que ello ocurra. Ese es, precisamente, el momento en el que la oportunidad se encuentra con la ejecución.

*El autor de la columna es economista jefe de LarrainVial Reseach