Recientemente, una comisión de expertos entregó recomendaciones para actualizar la forma en que se mide la pobreza en Chile. Si se siguen estas sugerencias, la pobreza en 2022 no habría sido 6,5%, como creíamos, sino que 22,3%.

Uno de los principales factores que explican este cambio es la propuesta de elevar significativamente la línea de la pobreza, es decir, el umbral de ingreso bajo el cual una persona es considerada pobre. Este umbral corresponde al monto de dinero necesario para adquirir la canasta básica alimentaria (CBA) y los otros bienes y servicios esenciales no alimentarios básicos, como vestuario, salud, transporte, entre otros. Por lo tanto, si bien los ingresos de las personas en 2022 son los mismos, al elevar el estándar exigido, más personas pasarían a ser clasificadas como pobres.

Un aspecto que llama poderosamente la atención es que uno de los mayores incrementos en la línea de la pobreza se explica por la propuesta de la Comisión de Expertos, de incorporar los precios que efectivamente pagan los hogares de menores ingresos por los productos que consumen. Esto se puede realizar gracias a la información disponible en la Encuesta de Presupuestos Familiares VIII (EPF 8) levantada entre julio de 2016 y junio de 2017.

Hasta ahora, para calcular la pobreza, se estimaba el costo de la CBA según la información recopilada por el INE para calcular el IPC, y se asumía que las personas de menores ingresos pagaban los precios más bajos del mercado, en concreto los precios del percentil 20. Este supuesto resultó ser erróneo.

La EPF 8 permitió, por primera vez, conocer los precios que efectivamente pagan las personas de menores ingresos por los alimentos. Se constató que los pobres no consumen los alimentos a los menores precios disponibles en el mercado, sino que pagan precios relativamente elevados. Solo este ajuste en la medición, es decir, considerar los precios que efectivamente pagan los más pobres, elevó la pobreza a 15,9% en 2022.

La razón detrás de esta paradoja es estructural: los hogares más pobres compran buena parte de sus alimentos en pequeños comercios de barrio, donde los precios son más altos que en mercados mayoristas y supermercados. Lo anterior se debería a la menor disponibilidad de comercios mayoristas, que ofrecen precios más bajos debido a sus economías de escala y logística.

En concreto, la menor disponibilidad de mercados con precios más competitivos explicaría un aumento de 9,4 puntos porcentuales en la pobreza. Así, la falta de acceso a mercados más eficientes encarece la vida de los más vulnerables y eleva la pobreza. De esta manera, habría una nueva e interesante línea de políticas públicas para combatir la pobreza: elevar la presencia de mercados mayoristas en comunas que concentran personas de bajos ingresos.

Lamentablemente, el estallido social hizo todo lo contrario: entre saqueos e incendios, muchas comunas perdieron supermercados. Se observó que en la Región Metropolitana en septiembre de 2019 había 594 supermercados operativos, tres años después, en 2022, habían bajado a 464. Esto afectó especialmente a las comunas más vulnerables, limitando la posibilidad de sus habitantes de adquirir alimentos a precios más competitivos. De esta forma, el estallido social no sólo afectó a los más vulnerables, destruyendo empleos y oportunidades, también podría haber elevado la pobreza aún más de lo que creemos.

*La autora del columna es investigadora del Centro de Estudios Horizontal