El informe anual publicado hace pocos días por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) muestra un leve repunte de la productividad total de la economía, después de más de una década de estancamiento. Esta mejora es una buena noticia, pero habrá que esperar para confirmar que efectivamente es un cambio de tendencia, entre otras cosas porque en ausencia de cambios importantes es poco probable que ello ocurra.

La descomposición del cambio en la productividad muestra que, cuando se separa la evolución de la productividad total entre la de la minería y la del resto de los sectores productivos, se aprecia que esta última mantiene una tendencia positiva, aunque con un crecimiento algo más lento a partir de mediados de la década pasada. Por lo tanto, el gran deterioro de la productividad a nivel agregado tiene su origen en la caída de la productividad minera, que comienza en torno a 2015, coincidiendo con el período de auge de precios del cobre.

¿Por qué cae tanto la productividad en la minería, uno de los sectores a la vanguardia de los cambios tecnológicos en el país?

Las razones de la declinación secular de la productividad minera en Chile tienen mucho que ver con características propias de la explotación de un recurso no renovable, cuando no hay desarrollo de nuevos proyectos que reemplacen a los que van declinando a medida que se extraen las reservas conocidas.

Normalmente, cuando se inicia la explotación de un yacimiento nuevo, tiende a haber un período inicial de fuerte aumento de la productividad, ya que al avanzar en la faena aumenta la escala de extracción y el contenido de mineral del material. Ello permite optimizar la operación de las faenas de chancado, molienda y procesamiento en general, ya que ellas están diseñadas para operar a la escala óptima de extracción.

Por otra parte, a medida que se avanza en el desarrollo del yacimiento, van apareciendo nuevas vetas y eso se traduce en un aumento en las reservas.

Sin embargo, cuando el desarrollo del mineral “madura”, hay que comenzar a extraer más material por unidad de mineral (caen las leyes) y se requieren nuevas inversiones en plantas de procesamiento, obtención de agua y energía, para obtener la misma cantidad de mineral. Esto significa mayores costos, hasta que deja de ser rentable la operación y se debe cerrar el yacimiento. Por supuesto, avances tecnológicos y nuevas inversiones muchas veces permiten extender la vida útil de una mina, pero inevitablemente la productividad va a disminuir.

Lo visto en Chile sigue ese patrón: después de muchos años sin grandes avances en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, se vivió un “boom” de inversión minera a partir de fines de los años 80 que mantuvo su impulso durante los años 90, llevando la producción de cobre desde 1,4 millones de toneladas en 1985 a 5,3 millones en 2005. A partir de ese año comienza un gran aumento de la inversión minera para ampliar capacidades de los yacimientos y suplir las necesidades de agua con megainversiones en plantas desalinizadoras. Si bien la producción aumentó algo, alcanzando un máximo de 5,8 millones de toneladas en 2018, después ha disminuido, cayendo bajo los 5 millones de toneladas el año pasado.

Gran parte de la declinación de la productividad minera a nivel agregado se debe al retraso y detención del desarrollo de yacimientos nuevos que permitan compensar la declinación de los antiguos. El problema no es la falta de cobre: Chile tiene cerca del 20% de las reservas mundiales de cobre, casi el doble de Perú, que es el país que le sigue.

Si queremos revertir la declinación de la principal riqueza natural que tenemos, es imprescindible abrir espacios para que vuelva a fluir la inversión y se puedan desarrollar nuevos yacimientos mineros, sin renunciar a la protección del medioambiente, pero sin caer en el absurdo de pretender que no existan impactos ambientales: al final, toda actividad humana afecta al medioambiente y, por ende, lo que corresponde es ponderar adecuadamente los costos y beneficios de todas las inversiones.

*El autor de la columna es profesor adjunto del Instituto de Economía UC e investigador principal en Clapes