Si usted tuviera 19 o 20 años, una empresa recién constituida, integrada por tres personas -que son sus familiares- y sin activos relevantes, ¿cree que se podría adjudicar un contrato por más de $6.700 millones para prestar servicios al Estado? La respuesta debería ser obviamente negativa. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió con la empresa San Nicolás SpA en el contexto del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

Este dato no es una especulación y lo conocemos luego de que 13 camioneros denunciaran haber sido subcontratados por esa empresa sin recibir el pago correspondiente.

Pero vamos por parte. San Nicolás SpA fue contratada vía trato directo para el arriendo de maquinaria pesada destinada al retiro de escombros en la emergencia. Sin embargo, al investigar a fondo, la Contraloría descubrió un cuadro inquietante: ausencia de boletas de garantía, subcontratación total e informal de los servicios, sobreprecios y una débil -o incluso inexistente- verificación de antecedentes. Pero lo que resulta aún más preocupante es la propia configuración de la empresa, un detalle mínimo que debe chequearse antes de entregar una suma millonaria, más aún si los recursos son públicos. En este caso, estaba compuesta por apenas tres personas, una de ellas de 20 años, quien figuraba como representante legal desde 2023, cuando tenía solo 18 años.

Fueron cinco los informes que emitió Contraloría sobre el uso de los recursos públicos destinados a enfrentar la contingencia en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Las observaciones involucran a municipalidades, a la Delegación Presidencial Regional y a la Dirección Regional de Arquitectura, y derivaron en sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Los informes consignan pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios, graves deficiencias de control, rendición y trazabilidad de los beneficios otorgados e, incluso, vulneraciones a la normativa de compras públicas. Si bien serán los organismos competentes quienes determinen eventuales responsabilidades, lo que dicen los informes no parece una mera desprolijidad contable. Entonces el cuestionamiento es más profundo que el detalle técnico y se hace necesario entender cómo miles de millones de pesos públicos terminan comprometidos sin garantías mínimas y sin una evaluación suficiente de idoneidad técnica y financiera.

Tal como se advirtió durante la pandemia, las grandes emergencias son terreno fértil para la corrupción. Las crisis alteran prioridades, aceleran decisiones, debilitan controles e introducen urgencia, presión e incertidumbre. Y cuando el estándar se relaja en nombre de la rapidez, el riesgo se expande. Es ahí donde se pone a prueba realmente la integridad de las instituciones.

En este contexto, la palabra defraudar adquiere pleno sentido. No solo porque implica engañar, sino porque supone desilusionar y quebrar la confianza pública. Cuando los recursos destinados a enfrentar una tragedia se administran sin resguardos mínimos, no se compromete solo el presupuesto, sino la credibilidad institucional. Y entonces la pregunta ya no es solo cómo ocurrió, sino por qué los controles no funcionaron.

El patrón no resulta desconocido. Recuerda al Caso Convenios y nos muestra una vez más que cuando los recursos son públicos pareciera que no son de nadie. Es como si se diluyera la noción de dueño y, con ello, la intensidad del control y de la responsabilidad. La emergencia no puede transformarse en un espacio de excepción ética o del relajo de los estándares. Por el contrario, exige reforzarlos. Y no está de más decirlo, esos estándares no operan únicamente en las crisis; son el piso que debe regir siempre en la administración de recursos públicos. La debida diligencia no desaparece porque se requiera rapidez, porque, al final día, hacer negocios con empresas de papel o con malos antecedentes financieros, técnicos y operativos, puede desembocar en una crisis mayor. Además, si bien el trato directo es legítimo en situaciones excepcionales, requiere de verificación.

Nada de esto es ciencia ficción. Lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y estamos dependiendo de factores externos para conocer los hechos, y luego de auditorías y del rol de la Contraloría para detectar lo que debió prevenirse con controles básicos y el sentido común. Cuando el sistema de control ex post se transforma en el principal mecanismo de detección, es porque el control ex ante falló.

Si no fortalecemos el control interno, la trazabilidad del gasto y la responsabilidad personal en la administración de recursos públicos, cada catástrofe seguirá teniendo una doble dimensión: la tragedia humana y la oportunidad para el abuso. Porque la reconstrucción no es solo material; es también institucional. Y si no resguardamos la probidad cuando todo parece urgente, la emergencia no solo dejará escombros en el suelo, sino también la confianza.