El cambio de mando presidencial volvió a mostrar una escena que en Chile a veces se vuelve invisible de tan normal: la democracia funcionando. La ceremonia se desarrolló sin sobresaltos, con los rituales republicanos intactos y con una señal que, en el mundo actual, no es menor: el poder cambia de manos sin crisis institucional, sin desconocimiento del resultado y sin fracturas en el sistema político. Puede parecer obvio, pero no lo es. Basta mirar lo que ocurre en otras democracias para entender que esa normalidad sigue siendo uno de los activos más valiosos del país.

Sin embargo, la liturgia dura apenas unas horas. Una vez que se apagan las cámaras, comienza el verdadero desafío: gobernar.

Toda campaña presidencial se construye sobre promesas que buscan capturar el clima de una época. En esta elección muchas de ellas fueron deliberadamente ambiciosas. En migración, por ejemplo, se instaló la idea de que los cerca de 330 mil migrantes irregulares que viven en Chile debían abandonar voluntariamente el país antes del cambio de mando o enfrentar expulsiones masivas. En seguridad, se habló de un “gobierno de emergencia” capaz de recuperar el control frente al crimen organizado. En economía, se prometió un ajuste fiscal, rebajas de impuestos a las empresas y una rápida reactivación mediante la eliminación de trabas regulatorias y la simplificación de la permisología.

Ese tipo de compromisos cumple una función clara en campaña: transmitir dirección, urgencia y carácter. Pero gobernar es otra cosa. La realidad institucional y administrativa de un país suele ser bastante menos lineal que el relato electoral.

En su discurso de instalación, el presidente Kast insistió en varias de estas prioridades —seguridad, migración, crecimiento económico, salud y reconstrucción— y sumó además el anuncio de auditorías para revisar la gestión del gobierno anterior. En el mismo acto hubo también un gesto valioso cuando, ante gritos contra el expresidente Gabriel Boric, el nuevo mandatario llamó al respeto. Las democracias se fortalecen cuando quienes ejercen el poder recuerdan que la competencia política no puede transformarse en deslegitimación personal.

Las auditorías, por cierto, son herramientas saludables para la institucionalidad. Idealmente deberían formar parte del funcionamiento permanente del Estado y no ser un episodio político que se activa cada vez que cambia el gobierno. Lo prudente es realizarlas con rigor técnico y esperar sus resultados antes de instalar conclusiones.

Pero hay otro elemento que también vale la pena considerar en esta etapa inicial. Aunque el gobierno comenzó formalmente con el cambio de mando, la transición política se ha venido desarrollando desde hace varias semanas. Durante ese período, el presidente electo y su equipo mantuvieron una agenda intensa, instalaron temas prioritarios y actuaron, en muchos aspectos, como si ya estuvieran en ejercicio del poder.

Eso tendrá una consecuencia política evidente: parte del proceso de instalación ya comenzó antes del 11 de marzo. Nombramientos, definiciones estratégicas y diagnósticos sobre las principales urgencias del país han sido parte de esa etapa previa. Por lo mismo, los primeros meses de gobierno no partirán completamente desde cero. Se entiende que hay decisiones que ya estarían tomadas y un camino inicial que, al menos comunicacionalmente, ya comenzó a trazarse.

Por eso los primeros 90 días de un gobierno siguen siendo una prueba decisiva. Más aún cuando ese plazo —autoimpuesto por la propia administración— fue presentado como el tiempo en que comenzarían a verse los primeros cambios. Es entonces cuando el relato de campaña empieza a encontrarse con algo más exigente: la realidad de las decisiones y de las acciones concretas que finalmente percibirán las personas.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.