La amnistía en Venezuela aún no está aprobada y volverá a discutirse en una semana. Ese dato, lejos de ser técnico, revela su naturaleza: lo que pudo ser una decisión inmediata para aliviar el sufrimiento de miles de familias se está convirtiendo en un laberinto discrecional diseñado para administrar la apertura, no para garantizarla.

Delcy Rodríguez no necesitaba una ley para liberar presos políticos, permitir el retorno de exiliados y normalizar la vida ciudadana. Bastaba un acto ejecutivo: sobreseimientos, indultos, levantamiento de medidas cautelares. En cambio, eligió el camino lento, controlado y lleno de filtros. No es casual: una ley con excepciones permite seleccionar a quién se libera y a quién se mantiene como rehén político. De hecho, ya se habla abiertamente de excluidos, entre ellos María Corina Machado y yo mismo.

El proyecto insiste en limitarse a “hechos de violencia por motivos políticos” circunscritos a episodios específicos previamente enumerados. Eso es insuficiente frente a la dimensión estructural de la persecución desde 1999: criminalización sistemática, expedientes fabricados, hostigamiento administrativo, censura y represión cotidiana que no encaja en un listado de fechas.

Más grave aún: se ha propuesto (aunque no aprobado todavía) exigir que la persona “esté a derecho” para beneficiarse. La amnistía no es un juicio ni una pena, se trata de extinguir la acción penal.

Condicionarla a presentarse ante el mismo sistema judicial que ejecutó la persecución es una aberración jurídica, porque obliga a exiliados y perseguidos a entregarse al monstruo que los persiguió. En definitiva, la aplicación no es automática: queda a verificación judicial caso por caso, con recursos y apelaciones ante el mismo Poder Judicial.

Al mismo tiempo, no toca la Ley Contra el Odio, no desarma grupos parapoliciales, no levanta inhabilitaciones políticas, no anula sanciones administrativas, no revierte la confiscación e ilegalización de partidos.

Mientras tanto, aparece el mismo de siempre: Zapatero vuelve como rostro del proceso, aunque jamás se atrevió a llamar fraude al fraude ni a llamar dictadura a la dictadura.

Chile y el mundo libre deben mirar esto con atención: la amnistía puede ser un paso, pero solo si conduce a elecciones libres, libertades plenas y Estado de Derecho. La transición venezolana es inevitable, pero no caerá del cielo: se conquista con presión, verdad y solidaridad internacional.

Por Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano.