Cuatro años después de inaugurar gobernadores regionales electos, Chile aún no define qué espera de ellos. El primer ciclo presupuestario lo deja claro: cada año se cambian las reglas. Una fórmula en 2022, otra en 2023, restricciones tras el Caso Convenios en 2024 y un nuevo ajuste para 2025. Este vaivén normativo obliga a las regiones a improvisar, dispara el gasto en el último trimestre y refuerza la sensación de que la descentralización, más que una realidad, sigue siendo un eslogan.

El problema no es menor. Si el plan de un gobernador es pavimentar un camino que tarda tres años, la lógica de “gástelo todo antes del 31 de diciembre” empuja a cambiarlo por la compra rápida de camiones aljibe o carros bomba. Es más fácil rendir cuentas, pero la región sigue con el camino de tierra. El incentivo a gastar a último minuto es clara; si la ejecución se retrasa y el dinero no devengado vuelve al Gobierno Central.

La pregunta, entonces, es sencilla: ¿queremos gobiernos regionales que hagan política pública o administradores que corran maratones contables? Si optamos por lo primero, la norma debe ofrecer previsibilidad. Eso significa reglas permanentes —no glosas cambiantes—, un calendario de apertura claro y la posibilidad de arrastrar de forma acotada los saldos no ejecutados. Con un tope razonable y auditoría estricta, permitiría planificar obras plurianuales sin la ansiedad de fin de año.

También hace falta un control que cuide la calidad sin asfixiar la iniciativa local. A través del Sistema Nacional de Inversiones, corresponde objetar proyectos por mal formulados, no por consideraciones políticas. El filtro evita caprichos, pero deja espacio para que el programa respaldado en las urnas se cumpla. Y, para igualar la cancha, urge un fondo de asistencia que financie la capacidad profesional donde hoy no alcanza.

El proyecto de ley “Regiones más fuertes”, todavía en el Congreso, ofrece una plataforma para ordenar una parte de lo anterior. Si los parlamentarios logran combinar autonomía, responsabilidad fiscal y transparencia en una ley estable, la descentralización tendrá un andamiaje real. Si no, seguiremos repitiendo el ciclo de “ensayo y error” con cada Ley de Presupuestos y la ciudadanía seguirá preguntándose por qué su región promete puentes, pero termina comprando camiones.

No existe una receta fija. Si de verdad se quiere que las regiones impulsen el desarrollo, la conversación tiene que dejar de girar en torno al simple porcentaje “ejecutado” y concentrarse en el valor público creado. Un marco estable, construido sobre la confianza y con métricas verificables, transformaría el presupuesto regional de experimento anual en una herramienta concreta para acercar la política pública a la vida cotidiana.

La pelota está en manos del Legislativo y del Ejecutivo. Cuanto antes definan un sistema previsible, antes podrán los próximos gobernadores debatir políticas, programar obras a varios años y rendir cuentas por resultados tangibles. En suma, hará la diferencia entre una descentralización que cambia vidas y otra que solo cambia titulares.

Por Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC