Numerosos cuestionamientos ha generado el proyecto de ley con que el gobierno pretende crear un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior (FES). Pese a ello, este fue aprobado sin sobresaltos por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y sigue en trámite en la de Hacienda, donde es crucial que sean abordadas las dudas que ha suscitado.

Primero, por el incierto impacto que esta iniciativa tendrá sobre sus beneficiarios. El FES, diseñado como un impuesto al trabajo para financiar la gratuidad, podría resultar excesivamente costoso para muchos. Así lo muestra un estudio encargado por la propia Subsecretaría de Educación Superior, que —bajo una serie de supuestos- estimó que 40% de sus beneficiarios podría terminar pagando al Fisco por encima del costo de su carrera, inclusive dos, tres y hasta siete veces el valor de esta.

Segundo, el gobierno no ha sincerado las cifras necesarias para prever el impacto que el FES tendrá sobre la salud financiera de las instituciones de educación superior, así como del sistema en su conjunto. Al impedir el cobro de copagos por sobre el arancel regulado, que suele ser inferior al arancel real, se anticipa que este producirá un déficit similar al generado por la gratuidad, profundizando una crisis que ya ha sido advertida por los rectores. Mientras el subsecretario se ha remitido a subestimar dicho efecto, los datos de la Superintendencia indican que el año 2023 (último disponible) el financiamiento proveniente de las familias superó los US$ 1.800 millones (descontando CAE, becas y gratuidad). Este, a su vez, representó un 23% de los ingresos totales de las casas de estudio, llegando a 35% en universidades privadas. No está claro qué parte de estos ingresos se perderá con el FES ni cómo se distribuirá dicha merma entre las instituciones, aunque es probable que las universidades privadas resulten más afectadas, dado que en dos tercios de sus carreras el arancel regulado fijado por el Estado es menor que el real, mientras que en las estatales ocurre lo contrario.

Por último, una tercera dimensión del FES que requiere ser transparentada es su impacto sobre las arcas fiscales. El informe financiero proyecta que, en régimen, el pago de los egresados permitirá cubrir la gratuidad de quienes se encuentren estudiando, pero no considera escenarios en que haya mayor desempleo, informalidad o que quienes esperen altos ingresos opten por financiamiento alternativo, lo que privaría al Estado de recursos esenciales para hacer al FES sostenible. En un contexto de elevado déficit fiscal, es imprescindible entregar certezas al respecto.

Un proyecto con efectos tan amplios e inciertos sobre estudiantes, trabajadores, universidades y finanzas públicas demanda un análisis riguroso. Es fundamental que la Comisión de Hacienda exija al gobierno la entrega de información completa para una evaluación realista que posibilite una tramitación responsable.

Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo