La educación es, probablemente, la política pública con mayor retorno social de largo plazo. Define el tipo de país que somos capaces de construir: la calidad de nuestra democracia, la cohesión social y nuestra capacidad de crecer. En un contexto donde la productividad lleva más de una década estancada, la educación determina el crecimiento futuro de esta.

El problema es que hoy el sistema educativo chileno atraviesa una crisis profunda. Las tasas de cobertura en primera infancia siguen siendo bajas para estándares OCDE, especialmente entre los hogares de menores ingresos. En educación básica y media, la inasistencia grave (asistir a menos del 85% de los días de clase) aumentó desde la pandemia: antes afectaba al 20% de los estudiantes; hoy llega al 28% a nivel nacional y en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) alcanza el 39%. Los aprendizajes se han deteriorado, con rezagos importantes en lectura y matemáticas, justamente las habilidades que se traducen en productividad futura.

A esto se suma una dimensión institucional alarmante. La educación pública, que debiera ser el corazón de la movilidad social, continúa debilitándose. Los liceos emblemáticos viven hoy en tensión permanente, tomados por grupos pequeños y violentos que han reemplazado la convivencia escolar por la lógica de demostración y desgaste. Y la implementación de los SLEP, que buscaba reemplazar la administración municipal, ha sumado conflictos laborales, falta de gestión, paralizaciones y pérdida de clases. El caso de Atacama no fue la excepción; fue el síntoma.

Estamos ad portas de una elección presidencial. Y conviene preguntarse qué proponen quienes hoy encabezan las encuestas. La respuesta no es indiferente: continuar o corregir definirá el futuro educativo del país.

Jeannette Jara propone profundizar el modelo vigente: más SLEP y más participación estatal en la gestión escolar. Plantea mejorar infraestructura y crear una carrera directiva, pero no hay una estrategia nacional de recuperación de aprendizajes. No existe una meta clara de lectura en educación básica, ni un plan para enfrentar la inasistencia grave, ni una política de reingreso para los estudiantes desconectados. La crisis de aprendizaje se menciona, pero no se trata como una emergencia.

La evidencia reciente de los SLEP muestra fallas graves de gestión, paralizaciones prolongadas y pérdida de aprendizajes. Continuar por esa ruta, sin cambios, sería profundizar el deterioro, no corregirlo.

José Antonio Kast reconoce la crisis institucional y propone orden, autonomía escolar y responsabilidad directiva; reposiciona el rol de las familias en la elección y pone foco en convivencia y asistencia. Establece como meta que todos logren niveles de lectura adecuados en segundo básico y desarrolla una estrategia nacional contra el ausentismo. Propone combinar recursos pedagógicos con formación docente continua y fortalecer programas de retención y reinserción escolar. Su enfoque prioriza autoridad, incentivos y reglas claras.

Evelyn Matthei plantea la crisis como un problema de aprendizaje y asistencia que exige acción inmediata. Propone ampliar la cobertura de la educación preescolar para todos los niños y metas verificables de lectura en primero básico. Seguimiento individual de estudiantes rezagados, intervención familiar para enfrentar la inasistencia y escuelas de reingreso para quienes quedaron fuera del sistema. Además, reforma el modelo de gestión: no lo expande, lo corrige.

Los énfasis de estos tres candidatos son distintos. Si queremos dar esperanza a las nuevas generaciones y que Chile vuelva a crecer, no basta con creer en la educación: hay que hacerla funcionar. Pero años de complacencia institucional y de tolerar la degradación del aula han erosionado el sistema.

Como canta Sabina, “lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks”. La educación pública chilena se está derritiendo rápidamente. La pregunta es si vamos a reaccionar antes de que se evapore.

*El autor de la columna es profesor titular de la UC