En campaña el papel aguanta mucho. Demasiado. Y la campaña de Gabriel Boric a la Presidencia en 2021 utilizó el recurso de la promesa de un modo intensivo, tal vez por la amenaza que significaba en ese momento la candidatura de José Antonio Kast en su versión más intolerante y ruda, o tal vez porque la lectura del minuto era que se venía una época de cambios que nadie podría frenar.

La candidatura de Gabriel Boric era la expresión de una nueva generación de izquierda que se había encumbrado representando las nuevas demandas surgidas en distintos ámbitos desde la primera década del nuevo siglo: representaron la decepción de los endeudados por el CAE que no conseguían empleo, cuyo desamparo era el ejemplo de la fatiga que ya presentaba la promesa de una movilidad social impulsada por los años de estudios superiores; apoyaron a la creciente población de jubilados con pensiones miserables y a las comunidades que acusaban abusos -falta de agua, contaminación, malas condiciones laborales, cobros ilegales, represión policial- que nadie frenaba; le dieron voz al malestar de quienes veían que sus ingresos no se incrementaban al ritmo de las deudas contraídas, y se sumaron a las demandas de igualdad de las mujeres que reclamaban por una cultura injusta que las marginaba del poder y las exponía sistemáticamente al maltrato. En todas estas causas el concepto “desigualdad” cobraba un sentido muy directo, asible, palpable.

En marzo de 2022 el nuevo gobierno asumió las esperanzas de todos ellos con una lista de promesas en carpeta. Hasta ese minuto ni la inmigración desbordada ni la seguridad eran contempladas por la candidatura de Gabriel Boric como temas críticos centrales.

Al poco tiempo de instalado apareció un flanco entre las nuevas autoridades que a la larga cobraría la importancia de un rasgo identitario. El flanco consistía en la exhibición de confianza sobredimensionada en el poder del carisma propio insuflado con una actitud soberbia que contrastaba con la desprolijidad y la ausencia de control interno en la ejecución de decisiones que acababan en chambonadas. Fueron demostrando una tendencia a romantizar fenómenos complejos, al exceso retórico como contrapeso de la propia inexperiencia y a tomar decisiones fraguadas en petit comités conformados por amigos sin atender a voces expertas. El primer ejemplo crítico de este flanco identitario fue la incursión de la flamante ministra del Interior en La Araucanía, cuando la recibieron a balazos; el siguiente, el caso de los indultos pésimamente elaborados, y el tercero y más grave, el escándalo de la Fundación Democracia Viva, que desfondó de credibilidad a la generación en el poder.

Por un lado, la decepción, por el otro, una lista de promesas incumplidas que sólo crecía en la medida en que transcurrían los meses.

Según el estudio publicado en esta edición de La Tercera, la mayor parte de la población está decepcionada principalmente con tres de esos compromisos que finalmente no se concretaron: el fin de las AFP (26%), la creación de 700 mil empleos (22%) y la condonación de las deudas por el Crédito con Aval del Estado (22%). Todos ellos apuntaban a temas económicos que además se relacionan con la desigualdad de ingresos, un concepto que durante este período presidencial y tras la derrota del primer proyecto constitucional desapareció del debate público. La paradoja es que justamente aquello que ahora no se nombra, y que fue una idea clave durante la campaña de Boric en 2021, sigue estando presente tácitamente como una deuda que la mayoría de los chilenos cobró en la última elección presidencial, votando por un sector político que no considera la desigualdad de ingresos como un problema. La vuelta en U podría leerse más que como una adhesión al proyecto de Kast, como un castigo al oficialismo actual.

El gobierno de Gabriel Boric controló la inflación y estabilizó la economía, elevó el ingreso mínimo, acordó una reforma de pensiones y permitió que miles de mujeres cobraran pensiones alimenticias negadas por padres caradura, pero ninguno de estos logros le hizo el peso a la decepción por la oferta inicial insatisfecha, en gran medida porque al mismo tiempo, a cada éxito le seguía un disparo en los pies, un autoboicot de envergadura variable. Frente a los tropiezos, el oficialismo tendía a apuntar a la hostilidad de la prensa, un argumento que parece insuficiente: la línea editorial de los grandes medios en Chile ha sido la misma desde siempre, si no estaban preparados para ese hecho o no juzgaron necesario trabajar desde ese piso, es un problema de estrategia propia. Otro argumento era la falta de mayoría en el Congreso, algo muy cierto, pero que debería ser una variable para considerar a la hora de prometer, no después. Por lo demás, hubo muchos compromisos cuyo cumplimiento no dependía de la aprobación de la derecha, sobre todo en ámbitos como cultura, la educación pública y la ciencia: el último ejemplo de ello es el modo en que, fruto de la gestión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, los centros científicos dedicados a áreas prioritarias fueron desfinanciados, perjudicando directamente a las universidades públicas y a la investigación de asuntos tan relevantes como los estudios sobre cohesión social y el cambio climático. Ya es tarde para lamentarse.

Por cada bandera que se enarboló, como ocurrió con el feminismo, hubo un caso Monsalve que puso en entredicho el discurso inicial.

Faltaron nobleza y disciplina. Sobró sectarismo y abundó la frivolidad.

Este será el último verano de un gobierno que llegó al poder aupado por la esperanza de millones y que dejará como legado un cementerio de promesas incumplidas y a una izquierda dividida y desorientada, sin más futuro que ofrecer que el eventual descontento que provocará la gestión del adversario que asume en marzo.