El Estado de Chile castiga la maternidad. Así se desprende del Código del Trabajo. El artículo 201 otorga fuero laboral a las mujeres embarazadas durante el embarazo y hasta un año después de expirado el descanso postnatal. En contraste, los hombres solo acceden a fuero si hacen uso del permiso postnatal parental, el cual les concede una protección de apenas tres meses. ¿Por qué si el hombre hace uso del permiso postnatal parental tiene un fuero significativamente menor que el que tendría la mujer? Si el fin último del fuero es velar por la compatibilidad de la vida laboral con las responsabilidades parentales, ¿por qué nuestra legislación laboral excluye a los padres?

Esta diferencia tiene consecuencias profundas tanto en el mundo laboral como en la vida familiar. En el trabajo, eleva el costo de contratar mujeres que están en edad fértil, lo que desincentiva su contratación y castiga su remuneración. No es coincidencia que Chile tenga una de las brechas salariales de género más altas de América Latina. En el hogar, el fuero exclusivo para mujeres refuerza la idea de que ellas deben asumir mayoritariamente las cargas que conlleva la crianza, desincentivando la corresponsabilidad paternal. Pero el castigo no termina ahí. El artículo 203 establece que las empresas con 20 o más trabajadoras deben proveer o financiar la sala cuna a los hijos menores de dos años de sus trabajadoras. Otra razón más para no contratar mujeres, especialmente la número 20. Nuevamente, el derecho está vinculado al sexo del trabajador, elevando el costo de su contratación.

Actualmente, el mercado laboral chileno está doblemente subsidiado por las mujeres. Por una parte, ellas realizan la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, lo que permite a los hombres dedicar más tiempo al trabajo remunerado. Según el Banco Central (2020), estas tareas corresponderían al 26% del PIB ampliado, aportando más que cualquier otra industria del país. Por otra parte, la legislación laboral les impone a las mujeres cargar completamente con el costo que implica tener un hijo, como si tener hijos fuera una responsabilidad exclusivamente femenina.

Lo más increíble no es esta situación, sino la falta de voluntad política para cambiarla. Hace más de quince años que se discuten en el Congreso diversos proyectos de ley para modificar el artículo 203 del Código del Trabajo y ninguno de ellos ha prosperado. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, un actor clave que ha obstaculizado la materialización del derecho universal a la sala cuna es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Sí, la misma institución que lidera el ranking con el mayor número de funcionarios que viajaron fuera del país pese a encontrarse con licencia médica. Dado que hoy no existe el derecho universal a sala cuna, la Junji junto con la Fundación Integra tienen el duopolio de las salas cuna gratuitas. De aprobarse el derecho a la sala cuna universal, las familias podrían elegir libremente dónde enviar a sus hijos, perdiendo la Junji su duopolio. Parece irónico que una institución encargada de promover el bienestar infantil se oponga a una reforma que democratiza el acceso a la sala cuna.

El Congreso es el lugar por antonomasia donde se deben dirimir los conflictos de intereses inherentes a toda sociedad. En los próximos días el Senado votará el proyecto de ley que establece la sala cuna como un derecho universal del niño, eliminando así uno de los principales costos de contratar mujeres. Hasta ahora, ha primado la protección institucional por sobre el derecho de las mujeres, sin consecuencia alguna para quienes votan en contra. ¿Tendremos que esperar que en Chile dejen de nacer niños para que esta realidad cambie?

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP