El actual gobierno concluye en pocos días y su gestión puede evaluarse desde múltiples dimensiones. En materia de cumplimiento programático, el balance es claramente negativo, lo que para algunos constituye, paradójicamente, un gran éxito. El proyecto refundacional que prometió el Frente Amplio no prosperó, a lo que se suma la contundente derrota del texto constitucional que el propio gobierno respaldó en 2022. Sus principales logros, en cambio, se concentran en ámbitos ideológicamente distantes de sus promesas de campaña: más de 50 leyes aprobadas en materia de seguridad, la Ley de permisos sectoriales para agilizar la inversión y la reforma de pensiones, que terminó ratificando principios como el ahorro individual –pilar central del sistema– y el rol de los privados en su administración.

En estos cuatro años, y en ausencia de una crisis económica o social, la economía y las arcas fiscales se han debilitado de manera considerable. El crecimiento promedio anual fue de 1,9%, mientras que el mundo creció en torno al 2,9%. El mercado laboral se encuentra en peores condiciones que al inicio del mandato: el desempleo alcanza 8,3%, frente al 7,8% de entonces, y aún quedan más de 160 mil empleos por recuperar desde la pandemia. Las finanzas públicas se entregan en una situación crítica. Durante los últimos tres años no se cumplió la meta autoimpuesta de balance estructural y el 2025 cierra con una deuda pública de 41,7% del PIB, acercándose peligrosamente al umbral considerado prudente.

La superioridad ética con la que comenzó esta administración se desdibujó rápidamente ante escándalos como el del subsecretario Monsalve y el Caso Convenios. El primero socavó la promesa de un gobierno feminista; el segundo erosionó su credibilidad en probidad y transparencia, banderas en que habían prometido un nuevo estándar. A ello se suman otros hechos que reflejan mala gestión, falta de transparencia, improvisación y desprolijidad: la fallida compra de la casa de Allende, el erróneo cálculo de las tarifas eléctricas, la tardía reconstrucción tras el incendio de Valparaíso y el reciente caso del cable chino. Todos ellos han estado acompañados de explicaciones confusas e inconsistentes que evidencian una excesiva falta de rigor.

El efecto acumulado de estos sucesos, sumado al incumplimiento de la regla fiscal, es más profundo de lo que parece: constituyen un golpe severo a la credibilidad del país y a la solidez de nuestra democracia. Parte del legado que deja esta administración es la pérdida de reglas estables y de una ejecución estatal oportuna y transparente, traduciéndose en un deterioro de una institucionalidad que ha sido clave en el desarrollo económico y social de las últimas décadas.

Como advierten Acemoglu y Robinson, el progreso de los países depende de la solidez de sus instituciones, es decir, de la legitimidad de sus reglas y de su capacidad efectiva para generar igualdad de oportunidades. Cuando la institucionalidad se erosiona, su recomposición no es inmediata ni sencilla. El próximo gobierno, para poder avanzar en las emergencias económicas y de seguridad que se ha propuesto, enfrentará la compleja tarea de recuperar la credibilidad del país y restablecer un accionar estatal eficaz, sin improvisaciones ni desprolijidades.

Por María José Abud, investigadora de Horizontal