Una de las buenas noticias con las que nos recibe 2026 son las favorables condiciones externas que enfrentará la economía chilena. La tendencia mundial hacia la electromovilidad y el uso de energías limpias ha aumentado la demanda de varios recursos estratégicos que Chile posee. Sin ir más lejos, el precio del cobre ha alcanzado máximos históricos, impulsado por su alto grado de utilización en los cambios conducentes hacia la electrificación, la inteligencia artificial y el mayor gasto en defensa. Además, Chile es el país con las mayores reservas de litio actualmente, en un contexto en que su demanda como almacenador de energía ha aumentado considerablemente. Por otro lado, el precio del petróleo ha experimentado una caída en torno a un 16% durante 2025, todo lo cual ha contribuido a que hoy Chile tenga términos de intercambio en niveles históricamente muy favorables.

Sin embargo, la historia económica de América Latina está llena de ejemplos de booms de materias primas mal aprovechados o, peor aún, aprovechados para degradar instituciones. Para algunos países la abundancia de recursos naturales ha resultado ser una maldición. Además, no se debe perder de vista que los riesgos geopolíticos, conducentes hacia un mayor proteccionismo, persisten. Y que todos los booms en algún momento llegan a su fin.

El nuevo mapa de las ventajas comparativas de Chile hace pensar con optimismo el futuro económico del país. Sin embargo, dicho optimismo podría resultar fallido si el boom externo nos distrae de materializar reformas estructurales proinversión y productividad que el país requiere para retomar el camino al desarrollo. En última instancia, es la arquitectura institucional de los países los que los hace ricos (o pobres), y no los buenos precios de sus materias primas. El nuevo gobierno entonces tiene precisamente la tarea de implementar dichas reformas.

Por el lado fiscal, urge materializar un recorte de gasto de una magnitud cercana a los 6.000 millones de dólares comprometidos en campaña. Sería un error pensar que, producto de los mayores ingresos fiscales que habrá por cobre, ya no es necesario un ajuste de dicha magnitud. De hecho, buena parte de dichos ingresos debieran destinarse a recomponer los bajos niveles de fondos soberanos con que el país quedó postpandemia, en línea con la naturaleza de nuestra regla fiscal. Además, el ajuste de gasto contribuiría a la posibilidad de reducir la tasa del impuesto corporativo, que podría imprimir un nuevo impulso a la inversión.

Por otro lado, se debe apuntar con fuerza a materializar una agenda de reformas microeconómicas conducentes a elevar la productividad, con medidas que inyecten mayor flexibilidad en el mercado laboral, reformas al estatuto administrativo, cambios al marco institucional del sistema educativo, y medidas que agilicen la tramitación de permisos sectoriales y medioambientales.

Una de las razones por las cuales el país se distrajo de realizar este tipo de reformas fue la errónea creencia de que el boom previo de materias primas, que se extendió hasta 2011, sería permanente. La caída en el crecimiento años después fue justamente el reflejo de aquella negligencia, amplificado aún más por medidas posteriores abiertamente anti-crecimiento. La tarea del nuevo gobierno es entonces no repetir errores del pasado. No distraerse por lo buenos vientos que soplan en el plano externo y ocuparse, con sentido de urgencia, de la materialización del tipo de reformas que sostienen el crecimiento en el largo plazo.

Por Patricio Órdenes, profesor investigador Faro UDD