Opinión

El Mapocho vuelve a unirnos

El río Mapocho no es solo un cauce: es memoria, identidad y oportunidad, y hoy vuelve a instalarse en el centro de la conversación sobre la ciudad que queremos construir. Su presencia atraviesa barrios, historias y generaciones, revelando nuestra relación con el espacio público y con la idea de una vida urbana más digna.

Desde la academia se ha descrito como un torrente urbano, un río que no se deja domesticar, que crece con fuerza, que recuerda —cuando quiere— que la ciudad se construyó junto a él, no encima de él. Y esa verdad debe guiarnos: cualquier intervención debe respetar su naturaleza, no maquillarla.

Recuperarlo como infraestructura ecológica es una necesidad profunda para una capital que busca adaptarse al cambio climático, aumentar áreas verdes y ofrecer espacios de encuentro. En un Santiago marcado por la fragmentación territorial, el Mapocho tiene la capacidad única de funcionar como eje conector: un espacio democrático continuo, donde pueden convivir miradas, edades y ritmos distintos. Y ahí surge su mayor potencial: convertirse en un hito verdaderamente común, un lugar donde la ciudad se reconozca a sí misma. Un Mapocho accesible, limpio y activo puede desdibujar desigualdades, donde cualquiera pueda sentirse parte de la ciudad, ofreciendo a todos un espacio compartido de calidad.

La historia demuestra que alguna vez lo sentimos nuestro. Aquella histórica carrera de balsas universitarias captaban ese deseo colectivo de habitar el cauce, de reír y celebrar en torno al agua que cruza la ciudad. Y la imagen reciente de un periodista con los pies en el agua es más que una anécdota: es la confirmación de que, tras décadas de desencuentro, el Mapocho vuelve a ser un lugar que se puede tocar, imaginar y sentir.

A 15 años del saneamiento de sus aguas, un hito que transformó lo impensado en realidad, el desafío es mayor: integrar el Mapocho en la vida cotidiana con respeto, emoción y memoria. Hacerlo es apostar por un Santiago más humano y, sobre todo, más justo.

Por María Isabel Matas, Doctora en Políticas Públicas y académica Escuela de Arquitectura Universidad Mayor.

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