Las designaciones en seguridad pública no admiten lecturas ingenuas. No solo porque el contexto exige certezas, sino porque quienes asumen estos cargos no parten desde cero: llegan con trayectorias, decisiones y votos que inevitablemente moldean la legitimidad de su rol. La nominación del diputado Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad ha sido defendida con rapidez por el presidente electo, enfatizando sus capacidades y proyectando una señal de confianza política clara. Comunicacionalmente, el episodio ha sido contenido. Pero políticamente, el flanco sigue abierto.

Parte de la discusión pública se ha concentrado en sus vínculos pasados —aunque descritos como pasivos— con personas relacionadas con el mundo de tragamonedas y plataformas de apuestas. Sin embargo, más que las asociaciones personales, lo que debiera analizarse con mayor atención es su historial legislativo cuando el Congreso abordó justamente la regulación del juego online y las herramientas para seguir la ruta del dinero asociada a estas actividades.

Durante su etapa parlamentaria, Jouannet se alineó reiteradamente con posiciones críticas o contrarias a iniciativas destinadas a avanzar en la regulación de plataformas de apuestas en línea, fortalecer tipos penales vinculados al juego ilegal y ampliar atribuciones investigativas financieras, incluyendo medidas que buscaban facilitar el acceso a información bancaria en contextos específicos. Cada una de estas decisiones puede explicarse desde argumentos legítimos: defensa de libertades económicas, cautela frente a atribuciones intrusivas del Estado o diferencias técnicas sobre el diseño de los proyectos. Pero cuando esas posiciones se observan en conjunto, construyen un patrón político que hoy no puede ser ignorado.

El punto no es transformar un debate legislativo en una acusación moral ni instalar sospechas automáticas. El punto es la coherencia. Porque el futuro subsecretario estará llamado precisamente a liderar políticas contra fenómenos donde el juego online ilegal, el lavado de activos y las economías digitales opacas forman parte de los nuevos desafíos de seguridad.

Existe una tendencia en la política chilena a tratar cada nombramiento como si inaugurara una biografía nueva, desconectada de las decisiones previas. Pero la seguridad pública —más que cualquier otra área— exige continuidad entre discurso, trayectoria y acción. Y cuando alguien que deberá impulsar herramientas de persecución financiera votó anteriormente contra varias de ellas, lo razonable no es guardar silencio, sino pedir explicaciones.

No se trata de deslegitimar una designación presidencial ni de negar capacidades profesionales. Se trata de algo más básico: entender que la confianza pública no se decreta; se construye. Y en este caso, la mejor manera de cerrar flancos no es evitarlos, sino responder con claridad cómo se concilia ese pasado legislativo con el rol que ahora asumirá.

Porque en política y sobre todo en un ministerio eje como el de seguridad, las trayectorias importan. Y los votos también.

Por Tatiana Klima, periodista.