El Caso Convenios, el Caso Audios y el Caso de licencias médicas en funcionarios públicos han expuesto nuevamente las vulnerabilidades de las instituciones públicas y del sistema político, aumentando la percepción de corrupción, la sensación de impunidad y erosionando la confianza ciudadana. En este contexto, cabe preguntarse si los programas de los candidatos presidenciales responden a los problemas de corrupción que el país está enfrentado. Es muy positivo que la mayoría dedique atención al tema, con propuestas que van desde el fortalecimiento de organismos como la Contraloría hasta la incorporación de inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción y trazabilidad digital de fondos públicos. Sin embargo, los diagnósticos y propuestas deberían fundamentarse mejor en la evidencia y en la experiencia internacional sobre políticas y prácticas anticorrupción.

Varios candidatos centran sus propuestas para combatir la corrupción en modernizar el Estado y reducir su tamaño, es decir, sus gastos y su personal. Las reformas orientadas a hacer al Estado más eficiente y moderno son, sin duda, necesarias y bienvenidas. Sin embargo, la premisa que subyace a la propuesta, según la cual un Estado grande es por definición más corrupto, carece de respaldo empírico. Los países menos corruptos del mundo, entre ellos varios del norte del Europa, cuentan precisamente con Estados grandes y con una presencia significativa en la provisión de servicios públicos. Lo que determina la probidad del Estado no es su tamaño, sino la solidez de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.

De igual modo, equiparar el servicio civil con la ineficiencia y la corrupción es una interpretación errónea. Los índices internacionales sugieren que el nivel de corrupción administrativa en Chile es bajo, muy por debajo del promedio regional. Más bien, los mayores escándalos de corrupción detectados desde el retorno a la democracia en Chile corresponden a lo que podríamos llamar corrupción a gran escala, aquella que ocurre en el nivel de las élites políticas, donde los intereses públicos y privados se entrecruzan y los mecanismos de control y rendición de cuentas son más débiles. Para disuadir, prevenir y detectar este tipo de corrupción es necesario implementar controles reales sobre los flujos de dinero entre lo público y lo privado, avanzar en la tramitación del Registro Nacional de Beneficiarios Finales, fortalecer los organismos fiscalizadores y asegurar sanciones efectivas a la corrupción.

Según nuestra evaluación, los programas de los candidatos, en su mayoría, se enfocan en los síntomas de la corrupción más que en medidas profundas y transformativas. Aunque existe la tentación de creer en soluciones rápidas, la verdadera prevención de la corrupción requiere un cambio social, instituciones democráticas sólidas y un trabajo sostenido, con visión de largo plazo, para construir una cultura de integridad, ética y transparencia.

Por Umut Aydin, directora del Instituto de Ciencia Política UC, y Paz Cavada, cientista política