“Hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, porque las realidades son distintas”, fue el argumento usado por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) para justificar la expropiación de una fracción de la megatoma de San Antonio. Esta frase, que valida implícitamente la toma, beneficia a sus ocupantes por sobre familias que llevan años postulando, respetando las reglas definidas por el Minvu.

Como la frase era horrible, el ministro Montes intentó matizarla. En una columna de opinión señaló que las diversas filas correspondían a los distintos segmentos de la población que cubre la política habitacional, desde los hogares vulnerables que optan a una vivienda social sin deuda (DS 49), hasta segmentos medios que complementan subsidio estatal con dividendo (DS01) o proyectos mixtos combinan ambos programas, creando barrios socialmente integrados (DS 19).

Pero sabemos que esto no es cierto. En esos programas habitacionales rige el mismo principio: las casas se entregan considerando la postulación formal, que pondera la antigüedad de las familias o comités de vivienda, su vulnerabilidad -medida por el registro social de hogares- la existencia de ahorros previos o carencias propias del núcleo familiar.

No existe ninguna fila para dar solución rápida a las personas que usurpan terrenos y quieren un trato privilegiado como en San Antonio, con un agravante: en esta toma hay indicios claros de planificación. Alguien puso plata para contratar topografía y maquinaria para abrir calles de diseño regular, dejando sitios cercados, pero sin casas por varios meses. ¿Qué lógica de primera necesidad puede tener este modelo?

Por supuesto que ninguna. De hecho, en campamentos tradicionales las calles tienen un trazado vial desordenado, con sitios de geometría irregular que son ocupados con casas apenas se hace la usurpación o cuando avanza. No existen lotes vacíos de geometría perfecta cercados. Tampoco viviendas que se ocupan solo los fines de semana como se ha constado en San Antonio.

En consecuencia, existe una alta probabilidad que el Minvu no solo está avalando una usurpación, sino que una organización delictual que lucra con la pobreza vendiendo tierra robada. Este modelo conocido como “tráfico de terrenos” en el Perú, representa más del 70% de las viviendas que se construyen en grandes ciudades como Lima, Arequipa y Trujillo, y es la segunda economía delictual más grande luego del narcotráfico.

Afortunadamente, el Presidente electo José Antonio Kast detuvo esta locura. Pidió que la expropiación no se concrete y si finalmente esto ocurre antes del 11 de marzo, indicó que el terreno será asignado priorizando los comités de allegados de San Antonio que respetaron la fila.

La operación no será fácil. Los matinales cubrirán el desalojo de familias de la toma, moviendo sus enseres o enfrentándose con las policías. Cuando ello ocurra, la autoridad debe estar desplegada mostrando las precarias condiciones en las que viven cientos de familias que llevan años esperando su casa respetando la fila, allegados o pagando arriendos que se consumen el 50% de su presupuesto familiar. También debemos entrevistar a las familias de cuatro regiones del sur que también pierden con la decisión de San Antonio, ya que el Minvu usó los dineros destinados a sus casas, para financiar la expropiación.

En paralelo, debemos exigir que la Fiscalía investigue y formalice a las personas que financiaron y/o incentivaron la toma. Hablo de políticos o privados que usaron familias vulnerables como carne de cañón para sumar votos o negocios inmobiliarios. Sobre ellos debe caer el máximo peso de la ley. Es la única forma de cumplirle a las familias que confiaron en el Estado y evitar que se masifique el tráfico de terrenos, escondido bajo un paraguas de buenismo e incompetencia funcionaria, como ha ocurrido en la megatoma de San Antonio.

Por Iván Poduje, arquitecto.