En el debate público reciente ha resurgido la idea de que el cambio climático sería un problema sobredimensionado y que las políticas para enfrentarlo son demasiado costosas e ineficientes, una tesis popularizada, entre otros, por el libro Falsa alarma de Bjorn Lomborg. Más allá de la discusión legítima sobre instrumentos y prioridades, el uso de un concepto como “falsa alarma” resulta particularmente preocupante, pues sugiere que la evidencia científica disponible exagera un fenómeno cuyos efectos ya están generando impactos ambientales, económicos, sociales y de salud significativos.

En Chile, la comparación entre lo que se proyectaba hace dos décadas y lo que efectivamente ha ocurrido permite evaluar esta afirmación con mayor claridad. El estudio La Economía del Cambio Climático en Chile (2009) proyectaba que, en escenarios de altas emisiones, las reducciones de precipitación hacia mediados de siglo serían del orden de 10 a 15% en distintas zonas del país. Sin embargo, lo observado en la zona centro-sur durante la última década —en el contexto de la megasequía— ha sido igual o más severo que esas proyecciones, alcanzando incluso reducciones del orden de un 25%, décadas antes de lo predicho.

Asimismo, los impactos no se limitan a la disminución de precipitaciones. En los últimos años, Chile ha experimentado incendios forestales de una complejidad y magnitud sin precedentes, cuya rápida propagación y destrucción están asociadas a condiciones de sequedad y altas temperaturas anticipadas hace décadas por los modelos climáticos, al igual que el aumento de la temperatura en las ciudades, que afecta directamente la salud de la población. En otras palabras, lejos de una “falsa alarma”, la evidencia muestra que las consecuencias del cambio climático han sido consistentemente subestimadas.

Por otra parte, se suele argumentar que las políticas climáticas imponen costos excesivos. Sin embargo, experiencias recientes muestran una realidad distinta. En el sector eléctrico, la rápida incorporación de energías renovables ha reducido significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de contaminantes locales, disminuyendo además los costos de generación: tecnologías como la solar y la eólica presentan hoy costos significativamente menores que los asociados a la generación térmica convencional. Por su parte, la creciente electrificación del sistema de transporte RED ha reducido emisiones y costos de operación, además de permitir una menor dependencia de los recientes aumentos en el precio del petróleo. Ambos procesos han contribuido también a reducir la contaminación del aire y los problemas de salud y costos asociados. Este avance no ha ocurrido en ausencia de política pública, sino que ha sido facilitado activamente por ella.

Así, la experiencia reciente —especialmente en Chile— sugiere que la acción climática genera beneficios sociales adicionales y puede ser, al mismo tiempo, económicamente eficiente.

No cabe duda de que las proyecciones basadas en el conocimiento científico, que hasta ahora han sido ampliamente confirmadas por la realidad, pueden generar preocupación frente a los riesgos futuros. Sin embargo, calificar esta situación como “alarmismo” confunde el diagnóstico con la respuesta. Más preocupante aún, instalar la idea de una “falsa alarma” contribuye a disminuir la urgencia de actuar. Por el contrario, el hecho de que los impactos estén ocurriendo más rápido y con mayor intensidad de lo previsto debiera reforzar esa urgencia.

Algo similar ocurrió durante décadas en el ámbito sanitario, cuando algunas voces, motivadas por intereses económicos, relativizaron los riesgos del consumo de tabaco, retrasando medidas que hoy sabemos son fundamentales para la salud pública. Minimizar la abrumadora evidencia científica no reduce el riesgo; solo posterga la acción y amplifica sus consecuencias.

Hoy, esta discusión adquiere una relevancia adicional. Mientras en Chile se desarrolla la reunión del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde científicos de todo el mundo revisan y consolidan la mejor evidencia disponible sobre las bases físicas del cambio climático, resulta especialmente evidente el contraste entre el rigor del conocimiento acumulado y las narrativas que buscan relativizarlo. Estas instancias no solo sintetizan décadas de investigación, sino que también establecen un estándar global de evaluación científica, basado en evidencia revisada, transparencia y consenso experto.

En este contexto, insistir en la idea de una “falsa alarma” no es inocuo: debilita la urgencia de actuar frente a un problema cuyos costos —económicos, de salud, sociales y ambientales— ya son evidentes y que solo continuarán aumentando en el futuro si no se enfrentan.

Por Sebastián Vicuña, académico Escuela Ingeniería y director Centro de Cambio Global (CGC) UC.