La propuesta de José Antonio Kast (JAK) ante el país ha sido nítida: un gobierno de emergencia, centrado en resolver con urgencia las prioridades que hoy angustian a millones de chilenos. Seguridad pública, control efectivo de la inmigración ilegal y recuperación del crecimiento económico con generación de empleo digno constituyen el núcleo de un mandato democrático claro, expresado en las urnas con contundencia. Se trató de un compromiso concreto frente a una ciudadanía cansada del desorden, la impunidad y la falta de rumbo.

Para hacer viable esa tarea inmensa, la idea de un gobierno de unidad nacional no solo es legítima: es necesaria. Convocar a personas provenientes de un amplio espectro político, con experiencia diversa, trayectorias técnicas sólidas y, en general, independencia de los partidos políticos resulta una señal de apertura y responsabilidad que la mayoría ciudadana aprecia. Es una forma de reconocer que los desafíos actuales trascienden a cualquier coalición y que, ante una crisis de magnitud histórica, se requiere grandeza y colaboración transversal por Chile.

Sin embargo, y sin desmerecer el valor de ese gesto ni la urgencia de la emergencia, no puede perderse de vista otra dimensión fundamental. El apoyo persistente a JAK en tres elecciones presidenciales sucesivas no se ha basado únicamente en el diagnóstico de una crisis, sino también en una visión de país sustentada en convicciones profundas. Quienes se han ido sumando durante años a este proyecto político comparten una concepción de la sociedad que defiende el respeto irrestricto a la vida, la centralidad de la familia tradicional, la libertad de educación con preeminencia de los padres, el rol subsidiario del Estado, la propiedad privada y los mercados libres. Esos valores no son negociables para millones de chilenos que han esperado largo tiempo para verlos representados y traducidos en acción política concreta. Ellos no votaron solo para enfrentar una emergencia.

Por eso, si bien la amplitud política es un instrumento al servicio de la gobernabilidad, no puede ser confundida con renuncia doctrinaria ni con ambigüedad valórica. Por ejemplo, las nominaciones en cargos públicos, especialmente en áreas sensibles como cultura, educación, derechos humanos o infancia, son más que nombramientos: son señales de coherencia y de fidelidad. Cada uno de esos gestos es observado con atención por quienes han sostenido, a veces en la adversidad, una causa que hoy alcanza el gobierno.

Gobernar implica siempre ordenar prioridades. Para una parte sustancial de quienes dieron vida a esta mayoría, ordenar también significa sostener los principios que la hicieron posible. Y aunque no se plantee derechamente una “batalla cultural”, ello no significa omitir la promoción y defensa de las ideas que movilizaron a tantos ciudadanos durante más de una década.

Por Álvaro Pezoa, director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial,

ESE Business School, U. de los Andes