Antes de que Kast ganara las elecciones, el sello de su eventual gobierno generaba debate. A cuatro meses de su instalación en La Moneda, la controversia persiste. Dado su ideario religioso, muchos califican al mandatario de (ultra)conservador. Tironi observa en él rasgos de autoritarismo paternal o “de terciopelo”. Bellolio y Joignant destacan que su programa de gobierno –enfocado más en el crecimiento, la desregulación y la reducción del Estado que en la mentada crisis de seguridad– supone el retorno del neoliberalismo de los Chicago Boys. Hay quienes ven en su ambivalencia entre ser outsider e insider y en la táctica regular de sus correligionarios de sembrar la sospecha de corrupción sobre la gestión de sus antecesores, un rasgo típico del populismo. Para Peña y Brunner, el proyecto político de Kast y Cía. es, sobre todo, de carácter iliberal.

Todas esas etiquetas son útiles y, en general, acumulables. Sintetizan alguna faceta del estilo, ideario o programa de gobierno de Kast. Por ejemplo, la viralizada admonición a un niño, en Villarrica, parece ser una muestra de su autoritarismo paternal. Su tendencia a reducir fenómenos complejos a valores, anécdotas y responsabilidades familiares bien puede reflejar su conservadurismo.

Pero, la noción de iliberalismo, al ser más comprehensiva que las otras en la palestra, tiene ciertas ventajas. Devela aspectos que aquellas no siempre destacan adecuadamente. Un gobierno iliberal puede usar la ley de la mayoría tanto para favorecer jerarquías tradicionales (v. gr. el orden género) como para recortar derechos y socavar instituciones fundamentales. No son acciones inconexas, sino parte de un mismo programa ideológico. Si bien iliberalismo y neoliberalismo tienden a concebirse como nociones opuestas, la polaridad es más aparente que real. Los gobiernos iliberales se aprovechan de crisis de distinta naturaleza para consolidar poderes autocráticos. Pueden, así, promover cambios legales con objetivos neoliberales y socavar principios o prácticas de las democracias liberales. ¿Le suena conocido? ¿No es eso lo que hace la llamada megarreforma?

Aprovechándose de una supuesta crisis y de una laguna democrática, se pretende imponer la invariabilidad tributaria, una hipoteca a la soberanía legislativa, como ha argumentado Domingo Lovera. A costa de la democracia, se lograría una ventaja extrema (décadas de statu quo) y partisana. La restitución de gastos para titulares de proyectos de inversión, cuyas RCA sean anuladas judicialmente, por otra parte, desposee, de facto, a los tribunales de sus funciones, como ha alertado la Corte Suprema (la propuesta del Consejo Constitucional hacía lo propio, de iure). El control jurisdiccional deviene, así, algo anómalo, un riesgo a indemnizar. En una democracia liberal, en cambio, es normal que gobierno y administración del Estado estén limitados por los derechos de todos y sujetos a controles institucionales, incluido un Poder Judicial independiente.

Por Yanira Zúñiga, Profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile