Los ciclos de indignación moral colectiva se aceleran, trepan y se desploman, a veces sin dejar rastro. La memoria de la opinión pública está hecha de una sustancia liviana y dúctil, un licuado ligero que la clase política aprendió a encauzar, tomarle el pulso y controlar su presión. Este año se cumplen 20 desde que el cuerpo desmembrado de Hans Pozo fuera descubierto en un basural, y 10 años desde la noche en que la niña Lissette Villa murió asfixiada en un hogar del Sename. Pozo tenía 20 años cuando murió. Antes había sido un niño abandonado, criado en hogares dependientes del Sename, un adolescente que vivía en la calle y un joven adulto que se prostituía para comer; Lissette Villa, en tanto, murió con 11 años mientras permanecía al cuidado de funcionarias sin formación ni experiencia para atenderla. Ambas muertes provocaron un duelo colectivo, especiales de prensa, congoja en los programas matinales de televisión y una especie de despertar rabioso de una opinión pública que se fue enterando por entregas de la existencia de un laberinto de burocracia y abandono, con rincones y esquinas donde se acumulaban niños abusados cuyo común denominador era haber nacido pobres. Tras la muerte de Lissette Villa supimos que el sistema político era incapaz de cuantificar la cantidad de niños y niñas que habían perdido la vida en instituciones bajo la supervisión del Estado, y que la ministra a cargo que intentaba calcular la cifra se refería a ellos como “stock”. Solo al año siguiente, es decir en 2017, el informe anual sobre Derechos Humanos en Chile estableció que “entre 2005 y 2016, 1.313 niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años habían muerto en centros del Sename o en organismos colaboradores autorizados por ese servicio”.

En adelante hubo cambios. En 2018 fue creada la Defensoría de la Niñez como organismo autónomo y el Sename comenzaría a ser reemplazado por el servicio Mejor Niñez a partir de 2021. En febrero de 2025 comenzó a funcionar la Comisión Verdad y Niñez para ayudar a esclarecer la magnitud de las vulneraciones cometidas por el Sename. La comisión era una promesa de campaña del pasado gobierno que se cumplía tardíamente durante el tramo final del mandato y que dejaba fuera de escrutinio a los centros colaboradores y fundaciones privadas, es decir, excluyendo a las instituciones religiosas a cargo de una gran cantidad de hogares vinculados al Sename. De parte del gobierno saliente no hubo explicación sobre la razón para faltar al compromiso adquirido con los sobrevivientes de abuso eclesiástico, aunque es posible imaginarla: el ciclo de indignación por esos delitos ya había pasado, la impunidad había cundido y la clase política comenzaba a desentenderse. Déjense de molestar, era el mensaje implícito. Por su parte, Anuar Quesille, defensor de la niñez, diría más tarde: “El gobierno valoró a la Defensoría en el discurso, pero no la fortaleció”. Todo indicaba que el nuevo gobierno de José Antonio Kast acrecentaría la distancia con el tema. Así ocurrió, primero con la Comisión de Verdad, desestimándola por motivos económicos y provocando la renuncia de cuatro de sus integrantes; luego con la Defensoría de la Niñez, que fue blanco de un ataque de la exvocera de gobierno, quien acusó públicamente a sus autoridades de haber sido dejadas “amarradas” por el gobierno saliente, ignorando que se trata de un organismo autónomo.

Los niños y niñas sirven para hacer campaña, para el eslogan, para el discurso emotivo y para ventilar convicciones valóricas. Nada de eso, sin embargo, ha quedado reflejado en algún avance sustantivo en políticas que ayuden a que la población de menor edad y más pobre corra menos riesgos. O, pensándolo mejor, tal vez sí exista un avance: ahora hay más cifras, números que muestran, por ejemplo, que los homicidios infantiles se duplicaron entre 2018 y 2024, pasando de 38 a 76 víctimas, o cálculos como el presentado por Unicef hace una semana, que establece que de los 37 países analizados para elaborar un ranking de bienestar infantil, Chile ocupa el último lugar. La misma organización advirtió que entre 2022 y 2024 las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 73 por ciento en nuestro país. En la presentación del informe de Unicef, Anuar Quesille, el defensor de la niñez, alertó, además, sobre la expansión de las denuncias por producción, almacenamiento y difusión de material digital con registros de abusos a niños y adolescentes, una dimensión nueva del problema que para el Estado es un desafío mayor.

Muchos autores han dejado por escrito a su manera la forma en que la infancia nos determina, o al menos nos marca. Entre las citas más recurridas está aquella de Rilke sentenciando que la verdadera patria de todos está en esos primeros años de vida, o la frase de la poeta y ensayista Louise Glück, quien aseguró que miramos el mundo una sola vez, cuando somos niños, porque en adelante todo es memoria. En ambas reflexiones el énfasis está hecho sobre lo ineludible, aquello que marca un destino. Siguiendo esa línea, y a la luz de la evidencia, cabría preguntarse qué tipo de patria hemos habitado los chilenos, cuántos chilenos sobreviven a una niñez similar a la que tuvieron Hans Pozo y Lissette Villa sólo para terminar sus días como un caso en la estadística oscura del maltrato. Hay otra frase, menos conocida, del británico Graham Greene, que si bien coincide con las de Rilke y Glück en lo principal, devuelve un guiño de esperanza al considerar que durante esos primeros años de vida, por más rudos que fueran, “siempre habrá un momento en que la puerta se abra dejando entrar el futuro”. Extender al máximo ese minuto descrito por Greene, en el que la luz se cuela, debería ser un objetivo permanente de la clase política local y no solo el resultado de la presión momentánea que sigue a la indignación que provoca una tragedia.