La OCDE publicó recientemente la segunda edición de su estudio sobre integridad y anticorrupción, analizando tanto a países miembros como asociados. El informe no solo revisa los marcos legales, sino su aplicación efectiva mediante indicadores clave de implementación. Los resultados revelan una distancia crítica entre la norma y la realidad. En promedio, los países de la OCDE presentan una brecha de implementación de 19 puntos porcentuales. El área con mayor disparidad es la de conflictos de intereses, donde la normativa alcanza un 80% de desarrollo, pero su aplicación real cae al 45%. En contraste, la transparencia en la información pública muestra un mejor desempeño (72% frente a 62%).

Para hacer frente a lo anterior, la OCDE hace un llamado a pasar de la cultura estrictamente formal o de normas a un enfoque basado en riesgos, que busque obtener resultados y que optimice el uso de las tecnologías, los datos y la digitalización para facilitar su implementación. Para esto, es clave que pensemos en la integridad como un esfuerzo del Estado, que traspasa gobiernos de turno y en el que participan todos los poderes, además de la sociedad civil y el sector privado.

Nuestra región ha adoptado formalmente instituciones de integridad y la mayoría de los países cuenta con declaraciones de intereses y patrimonio. Sin embargo, la información suele ser opaca o carece de entes fiscalizadores con capacidad de sanción. En Chile, esta realidad es evidente en el Congreso. A diferencia del Poder Ejecutivo, donde la Contraloría realiza cruces de información y exige cumplimiento de las declaraciones de intereses y patrimonio, en el Legislativo esto no ocurre y, en el caso del acceso a la información pública, el Consejo para la Transparencia carece de facultades para fiscalizar o sancionar infracciones. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial y otras entidades autónomas.

Así mismo, hoy tenemos mucha información a manos del Estado que se trabaja en silos y que no se utiliza de modo inteligente para que se puedan prevenir irregularidades, ni para qué decir la ausencia del registro público y centralizado de beneficiarios finales, que contribuiría de modo importante a recaudar mejor los impuestos adeudados, así como seguir la ruta del dinero del crimen organizado de modo más eficaz.

Tomarse la integridad en serio requiere no solo modernizar las regulaciones, sino también dotar de las capacidades y recursos necesarios para su adecuada implementación. Como indica el informe de la OCDE “La recesión mundial del Estado de derecho…con la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de los mecanismos de controles y equilibrios, hace aún más esencial contar con unos sistemas sólidos de integridad pública, en todos los ámbitos del Estado”. Por que como bien sabemos, del dicho al hecho, hay un largo trecho.

Por María Jaraquemada, abogada